Mediante un pronunciamiento, el grupo de Juristas Independientes denunció que con la convocatoria a obispos en la Fiscalía dentro del caso Golpe de Estado I solo se busca “criminalizar y estigmatizar los esfuerzos de mediación y pacificación” que hicieron en el país durante la crisis de 2019.

Además de la participación que tuvo la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), junto a la comunidad internacional, afirmó que “contribuyeron definitivamente a la continuidad democrática en Bolivia” en el contexto de “violencia política” ante la crisis electoral de ese año.

En el documento se rechazó el “uso abusivo del sistema penal con fines de persecución política” y expresó su solidaridad con los obispos del país, además de valorar su “contribución mediadora en la solución de conflictos y convivencia democrática”.

“El pedido de citar a los Obispos de la Iglesia Católica dentro de las investigaciones penales abiertas por el Ministerio Público dentro del caso golpe de Estado,  solo busca criminalizar y estigmatizar los esfuerzos de mediación y pacificación social”, señala el pronunciamiento.

En ese sentido, el grupo de Juristas Independientes convocó a la ciudadanía a continuar participando en el proceso de adhesión y recolección de firmas para viabilizar una “reforma genuina” de la justicia que constituye hoy la “única esperanza para devolverle al sistema judicial su papel en la tutela de los derechos y libertades fundamentales, para que estas situaciones de abuso de poder y excesos no vuelvan a repetirse”.

Mediante un memorial enviado a la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado solicitar la declaración de Ricardo Centellas, entonces vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa, exsecretario general episcopal; Giovanni Édgar Arana, obispo auxiliar de El Alto en 2019, y José Fuentes, exsecretario general adjunto de la CEB.