“Hemos determinado declarar dictador confeso al señor Evo Morales, porque ahora ha aceptado ser candidato y expresamos todo nuestro rechazo ante esa conducta”, afirmó Milton Navarro, representante de las plataformas potosinas.

El 26 de julio, en la ciudad de Potosí, se realizó una reunión de las plataformas y colectivos ciudadanos donde estuvieron presentes representantes de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Sucre y la ciudad de El Alto, además de provincias de ese departamento.

“Tuvimos una reunión de las plataformas de la ciudad de Potosí y las Provincias, estaban invitados plataformas de la ciudad de La Paz, Sucre Santa Cruz, Cochabamba y El Alto; y todos manifestamos nuestro rechazo al señor Evo Morales por no respetar el voto de los bolivianos”, aseveró Navarro.

“Otra de las resoluciones, producto de la reunión, en Potosí, fue declarar persona no grata al presidente Evo Morales y en vez de entregarle las llaves de la ciudad le entregaran un candado”, apuntó.

“Como potosinos hemos declarado persona no grata al señor Evo Morales y de seguro el alcalde y Gobernador le entregaran las llaves de la ciudad, pero lo que vamos hacer las plataformas es entregarle un candado. Entonces el 6 de Agosto vamos a esperar a todos los bolivianos en su conjunto, para gritar Bolivia dijo No”.

En junio pasado, el presidente Evo Morales anunció que este año la ciudad de Potosí será el escenario de los actos oficiales por el día del aniversario de la patria, el 6 de Agosto.

“Hemos decidido que el 6 de Agosto, día de la patria, vamos hacer homenaje desde la ciudad de Potosí, por tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) va a sesionar en la ciudad de Potosí. Habrá también acto de desfile, como siempre dando homenaje a nuestra querida Bolivia”, dijo. Ese es el motivo de la convocatoria de los colectivos del 21F.

CONVOCATORIA

En ese marco, convocaron a todas las plataformas del país para una concentración en esa ciudad el 6 de Agosto para embanderar toda la ciudad con la tricolor boliviana y con la bandera del 21F, como símbolo de la defensa de la democracia, el respeto a los resultados del 21 de febrero de 2016 y a la Constitución Política del Estado (CPE).

“Ya sacamos la convocatoria y durante esta semana para que asistan los bolivianos de todas partes, haremos trabajos de embanderamientos de las banderas bolivianas, potosinas y del 21F, más los afiches con todo eso estará lista la ciudad de Potosí”, afirmó Navarro, representante de las plataformas del 21F.

Aclaró que las manifestaciones que protagonicen las plataformas ciudadanas, serán pacíficas y que no pretenden responder a las provocaciones que pueda darse desde los militantes del MAS.

“Serán manifestaciones pacíficas con gritos, carteles y pancartas pero no iremos a los golpes porque eso es lo que quiere el Gobierno, hacernos pelear ente potosinos y bolivianos para luego victimizarse y decir que nosotros, las plataformas hemos provocado”, señaló Navarro.

SILALA, LAUCA Y QUIBORAX

Otro de los puntos de la resolución del encuentro fue “rechazar la posición prochilena que ha asumido el régimen gobernante de Evo Morales con respecto a la defensa de las aguas del Silala, el río Lauca y el caso Quiborax”.

Varios representantes de entidades potosinas y parlamentarios de esa región pidieron al Gobierno central presentar una contrademanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el juicio que empezó La Moneda por el uso de las aguas del Silala.

A pesar que el presidente Evo Morales anunció a principios de año que Bolivia presentaría una contrademanda a Chile, en los últimos meses se retractó de la intención y aseguró que prepara una contramemoria contundente y que demostrará la tesis boliviana.

En el tema del río Lauca, hasta la fecha, el Gobierno no se pronunció por del desvío unilateral de Chile de las aguas de ese afluente internacional, a pesar de los constantes pedidos de potosinos y pobladores de esa región como son los indígenas de la nación Uru Chipaya que año tras año sufren por la sequía y porque las aguas del Lauca ya no llegan hasta su región.

Sobre Quiborax, el Estado pagó 42.6 millones de dólares por la demanda que presentó contra Bolivia ante el Ciadi por la reversión de las concesiones mineras que logró de forma irregular en 2002 cuando se asoció con Non Metalic Minerals.

El 9 de diciembre de 2003, en el gobierno de Carlos Mesa aprobó la Ley 2564 que restituye la reserva fiscal de toda la costra salina del salar de Uyuni y expulsó a Quiborax.

En las últimas semanas, el Gobierno central acusó a Mesa por ese tema ante la Fiscalía General instancia que a su vez presentó una proposición acusatoria contra el vocero de la Demanda Marítima a quien pretenden iniciarle un juicio de responsabilidades por haber expulsado a la chilena Quiborax.