La fractura que divide al MAS se profundiza, tanto que ambos bandos ya iniciaron sendas campañas en la perspectiva de las elecciones generales de 2025.

Esto quizás puede parecer alentador para la oposición, pero es más probable que la rivalidad intestina en el oficialismo perjudique la gestión del Estado y, en consecuencia, a todos los bolivianos.

No es reciente esa división. Comenzó a manifestarse, con cierta sutileza, el 9 de noviembre de 2020, al día siguiente de la posesión de Arce, cuando Morales volvió a Bolivia un año después de haber huido.

Y ya había sido anunciada pocos días después de los comicios de octubre de 2020.

“Dijimos que teníamos que tener renovación en el MAS, para la gente joven. Si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el Gobierno. Será mi Gobierno”, decía entonces Luis Arce en una entrevista con la BBC.

Esa posible “ayuda” quizás quiso manifestarse en algunos consejos de Morales sobre la gestión del Estado en los primeros meses del mandato de Arce.

Pronto se transformó en presión partidaria para imponer cambios en el gabinete de ministros. Una presión que perdió fuerza al correr de los años al fracasar en su propósito explícito. Y paulatinamente fue cambiando de objetivo, sin modificar su eficacia.

Desde hace unos meses, la presión del ala conservadora del MAS sobre su par renovadora se ha transformado en franca y creciente hostilidad. Se ejerce en varios ámbitos: el mismo partido, el Parlamento…, y no sólo por los medios de prensa y las redes sociales.

La pugna ha llegado a las instancias judiciales con la acción de inconstitucionalidad contra el Estatuto Orgánico del MAS, presentada por la jefa de la bancada parlamentaria cruceña de ese partido.

Esa acción apunta a siete artículos del estatuto masista. Uno de ellos “ratifica el respeto al liderazgo nato” de Morales. Otro se refiere a los aportes económicos obligatorios de los militantes del MAS que ejercen funciones en la administración del Estado

El escenario más reciente de las hostilidades entre ambos bandos es futuro: las elecciones generales de 2025. Es decir que tendremos cerca de dos años y medio de ofensivas y contraofensivas. Hasta que se defina quien se impone como candidato del MAS y/o ese partido termine de fracturarse.

Mientras, cada frente recurrirá a todos los medios a su alcance para perjudicar al adversario en la pugna por el botín: el aparato del Estado que se verá perjudicado por el uso de sus recursos en el conflicto y por el descuido en su gestión.