Los descontentos hasta ahora insisten en las amenazas antidemocráticas del continuismo por sus sesgos despóticos, de sustituir el estado de derecho con la discrecionalidad con que se gestiona las relaciones Estado/ciudadano, la pretensión de alcanzar la normalización política por medios no constitucionales ni legales, sino preferentemente por medios políticos, y sosteniendo una suerte de democracia corporativa con los movimientos sociales con medios clientelares.

Por su parte los caudillos del MAS buscan su cuarta elección continua con el propósito de proseguir la marcha del cambio, con estabilidad económica; su principal justificación es que el presidente indio ha sido el único capaz de sacar a Bolivia del atraso y dejar de extender la mano a la cooperación internacional para enfrentar sus problemas socioeconómicos más apremiantes con recursos propios, dignificando de este modo al boliviano. Este discurso de medias verdades ignora que el boom de los altos precios es mérito del mercado internacional de las materias primas y que la mayor cosecha de los recursos frescos acumulados en las reservas internacionales tiene origen en el aprovechamiento del gas largamente negociado por gobiernos anteriores al MAS.

La élite del MAS quiso aprovechar la aparente coyuntura favorable repitiendo el éxito de haber ganado las recientes elecciones nacionales, para garantizar su afán continuista por medio de un referendo popular. La sorpresa oficialista fue mayúscula: el soberano dijo NO. Este inesperado resultado sin embargo no desalentó el afán continuista del gobierno. Tomando el ejemplo de Ortega en Nicaragua, recurrió a un medio más seguro que la voluntad popular, el TCP, cuya sumisión al poder ha quedado fuera de duda. Si bien una arbitraria interpretación del Art. 23 del Pacto de San José dejó abierto el camino al continuismo, la lluvia de críticas comenzó a tomar protagonismo en la opinión pública terminando por posicionar el 21F como la única legítima defensa de la Constitución en materia de reelección. Con evidente insatisfacción, el oficialismo emprendió su tortuoso camino para legitimar sus propósitos, usando preferentemente un nutrido programa de entrega de obras financiadas discrecionalmente con criterios puramente electorales, presionando al TSE en cuyas manos está aplicar el carácter vinculante del 21F.

El descontento contra el gobierno de turno es parte de la espiral de frustración que la sociedad boliviana ha empezado a experimentar, pero también es posible que no culmine en la solución más plausible. El descontento es un estado psicológico de desasosiego, carece de un vínculo de unión de carácter ideológico. El descontento tiene claridad sobre lo que no quiere, pero no sobre lo que quiere. No se puede exigir a los descontentos lo que los partidos no han podido ofrecer.

Los movimientos sociales bajo la forma de plataformas han desplazado una vez más a los partidos en el ejercicio de la representación popular, lo que no significa que no puedan jugar un rol importante en la configuración de un proyecto alternativo al socialismo comunitario, particularmente aquellos que tienen una historia por qué luchar y una organización con qué hacerlo. Las plataformas ciudadanas se han convertido en privilegiados mecanismos de representación popular, aunque bastante limitados como conciencia política.

El MAS ha llegado al poder como consecuencia de la crisis de representatividad popular de los partidos tradicionales, induciendo al colapso de todo el sistema político; el gobierno del MAS fue la solución aparente mediante el ascenso de los marginados en el orden social creado por el colonialismo interno. El liderazgo tradicional a falta de una verdadera regeneración quiso remontar la crisis echando mano de una democracia agotada. Los líderes de los partidos del colonialismo interno aun creían que los electores indígenas se sentían realizados con sólo votar por los candidatos ganadores para legitimar su acceso al poder; no comprendieron que estaban hartos de sostener un sistema de partidos que no les ofrecía soluciones reales a sus aspiraciones más apremiantes, educación universal con calidad, oportunidades de empleo formal y sobre todo inclusión social. No, después de la experiencia de la participación popular, donde los nuevos liderazgos se podían sentir cerca del poder no sólo para votar sino para tomar decisiones sobre políticas públicas, ya lo hacían en el gobierno local.

La estrategia del continuismo es acentuar la división racial para quedarse con la tercera parte del electorado, lo que se llama su base dura, y sobre tal base ampliar su cosecha seduciendo a los indecisos, lo cual teóricamente es posible.

Pero un candidato habilitado con un fallo inconstitucional del TCP carece de legitimidad, un fantasma acecha sus aspiraciones, el único recurso es la esquizofrenia, simular que todo está bien con un sentimiento de culpa que le corroe por dentro, como los últimos días del führer, el consuelo patológico de quien sabe que todo está perdido. En este caso la pérdida de un partido sería ganancia para la sociedad.

No recoger las lecciones de lucha de las últimas seis décadas del movimiento indígena nos pondría al borde de un nuevo fracaso. Las plataformas y los partidos interesados en proponer una alternativa al socialismo comunitario no pueden ignorar las demandas postergadas del movimiento indígena y de los sectores populares, que sólo adquieren sentido en el largo proceso de transición anticolonial, profundizando la democracia intercultural, generando nuevas condiciones de inclusión social y no profundizando nuestras diferencias con prejuicios raciales.

La sociedad boliviana merece una nueva oportunidad para construir su unidad, lo contrario sería repetir los vicios del colonialismo interno.