La Iglesia católica exhortó al Gobierno que termine con la “cantaleta” del golpe y recuerda que en 2019 “hubo fraude”. En contrapartida, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, denunció que el clero intenta victimizarse y advirtió que aunque “su conciencia los haga culpables” irán “a declarar como testigos”.

Quien disparó contra el Gobierno fue el monseñor Jesús Juárez, arzobispo emérito de Sucre. “Que sigan con la misma cantaleta y con el mismo disco rayado de que ha habido golpe, golpe, golpe... eso es una mentira que tendrán que dar cuenta al menos a Dios, pues, cuando uno se muera. Todo el mundo sabe que hubo fraude y que se dejen de seguir con la misma canción”, dijo Juárez.

Tras la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, todas las autoridades que estaban en la línea de sucesión anunciaron su dimisión y se generó un vacío de poder acompañado por la salida a las calles de grupos de personas que en La Paz quemaron las casas de activistas y periodistas, como decenas de buses municipales, conocidos como Pumakataris.

Entonces, la Iglesia católica, la Unión Europea y poco más tarde la Organización de Naciones Unidas (ONU) iniciaron con distintos actores, en una primera etapa exministros del gobierno de Morales, la expresidente del Senado Adriana Salvatierra, la diputada Susana Rivero y, posteriormente, con la bancada del MAS en la Asamblea Legislativa un proceso de diálogo que concluyó con la extensión del mandato de asambleístas, autoridades subnacionales y la convocatoria a las elecciones en las que el MAS volvió al poder, a fines de 2020.

El fin de semana este medio reveló un memorial de la Procuraduría General del Estado que pide la convocatoria a declarar en calidad de testigos de los cuatro representantes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) que estuvieron como facilitadores en las negociaciones de 2019.

El fiscal Omar Mejillones envió su respuesta y dijo que los prelados tienen tratamiento especial. Sin embargo, el procurador Wilfredo Chávez aseveró ayer que el único representante de la Iglesia católica que tiene rango de embajador es el nuncio apostólico, que es representante del Papa, los demás pueden ser llamados por la justicia. “Los demás somos bolivianos, a no ser que hayan adoptado la doble ciudadanía o nacionalidad con relación al Vaticano, eso tendría que explicar el fiscal”, dijo Chávez.

Lamentó que los integrantes de la Conferencia Episcopal estén en un proceso de “victimización”. Insistió en que volverá a presentar un memorial para que declaren. “Es lo correcto, antes de que se cierre esta investigación. Que su conciencia los haga culpables es su problema pero, primero, como testigos van a declarar”, sentenció.

Pide que el monseñor Ricardo Centellas Guzmán, quien era vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, secretario general de la CEB en ese entonces; Giovani Edgar Arana, obispo auxiliar de El Alto, y el padre José Fuentes Cano, secretario general adjunto de la CEB, sean convocados.

El monseñor Pesoa, en declaraciones a los medios, señaló ayer que están dispuestos a asistir, pero no habían recibido la convocatoria.

El procurador Chávez recordó que entre julio de 2022 y enero de 2023 los abogados de la Procuraduría solicitaron que convoquen a declarar a 37 personas, muchas de las cuales ya habrían prestado su testimonio. Aclaró que están siendo convocados a declarar como testigos, no como sindicados. Desde la oposición, asambleístas de CC y Creemos coincidieron en que el Gobierno quiere parecerse a Nicaragua, donde procesaron a los miembros de la Iglesia.