Ante el intento de penalizar la acción pacificadora de los obispos en 2019, lo que corresponde es agradecerles a ellos y a los embajadores de diversos países y organismos por haber propiciado el diálogo en momentos en que el país se encaminaba al abismo.

De no haber sido por la intervención de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y de los embajadores de la Unión Europea, España, Brasil y representantes de Naciones Unidas el país hubiera tenido que lamentar un enfrentamiento de insospechadas consecuencias, con la amenaza latente de parte de los partidarios del MAS de desatar una guerra civil. Sordo y ciego ante esa realidad, el gobierno de Luis Arce insiste con su retórica de que el 2019 hubo un golpe de Estado en contra de Evo Morales y que sus propiciadores fueron, justamente, los obispos y los embajadores.

En ese marco, la Procuraduría General del Estado ha pedido a la Fiscalía que convoque a declarar a los monseñores Ricardo Centellas, Aurelio Pesoa, Giovani Arana y al padre José Fuentes, todos integrantes de la CEB durante 2019. El único que quedó fuera del requerimiento de la Procuraduría es monseñor Eugenio Scarpellini, quien falleció antes de ver su nombre envuelto en estas lides. Si bien la Fiscalía respondió que los obispos tienen rango diplomático y que no pueden ser convocados, queda manifiesto el intento del MAS de incluirlos en el denominado caso Golpe 1, por el que Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y otros se encuentran presos. Y, siendo esa la intención, es probable que encuentren la manera de cumplir con su objetivo.

Según un documento que los obispos enviaron al Vaticano para dejar establecida cuál ha sido su participación en los hechos de 2019, queda claro que quien los convocó para propiciar el diálogo fue el propio gobierno saliente y que su papel consistió en sentar a la mesa a los bandos en conflicto. Tal es así que en la reunión celebrada el 12 de noviembre de aquel año estuvieron presentes la renunciante senadora Adriana Salvatierra y la exdirectora de la ASFI Teresa Morales, en representación del MAS. El intento de penalizar a los obispos recuerda la estrategia del gobierno de Nicaragua, que acaba de sentenciar a 26 años de cárcel al obispo Rolando José Álvarez, quien se negó a ser desterrado a Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos. El obispo fue condenado por supuesta conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones agravadas y desacato de autoridades, cargos asociados a la libertad de expresión.

Al gobierno de Arce, sin embargo, parece no importarle que lo pongan en la misma bolsa que al dictador Daniel Ortega.