Tras 14 años de vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE), el pluralismo y el Estado plurinacional, como tal, no se han implementado aún. Continúa sólo en el discurso gubernamental.

La actual CPE boliviana entró en vigor en 6 de febrero de 2009, tras el informe de los resultados del referendo del 25 de enero. El Gobierno destaca, sobre todo, su carácter pluralista. Esto no es otra cosa que la profundización de la igualdad en todos los aspectos del relacionamiento entre personas. Según el art. 1, “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”.

En cuanto a la aplicación del pluralismo político, el Gobierno central no termina de reconocer el derecho de los pueblos indígena-originario-campesinos a “la elección, designación y nominación directa de sus representantes, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios” (art. 26.II.4). Aún les obliga a aplicar el voto individual (democracia liberal) para elegir a sus diputados (circunscripciones indígenas); tampoco les permite designar a los vocales indígenas para el Órgano Electoral. En la administración de su gobierno, aún les obligan a aplicar la Ley SAFCO. En lo general, las y los legisladores electos no tienen libertad de pensamiento, ya que, al pensar distinto, pueden ser acusados de “transfugio político” y ser sancionados con la pérdida de mandato (Ley 1096, arts. 38, 101 y 102.a), pese a que, en Bolivia, la discriminación por razones de “ideología, opinión política o filosófica” es delito (CPE, art. 14.II; CP, art. 281 ter).

En cuanto al pluralismo económico, en Bolivia aún no se reconocen las empresas comunitarias. Ninguna organización económica indígena puede, por ejemplo, adjudicarse la ejecución de proyectos estatales para su propia comunidad (o para otras). Para hacerlo, tendría que convertirse en una empresa privada (con registro en el SEPREC ¾antes Fundempresa¾ y NIT). Es decir, se les obliga a asumir la forma de organización económica liberal. O, tal vez, con esto se busca garantizar que únicamente la gente de las ciudades pueda participar de las contrataciones estatales, incluso para las obras en las propias comunidades indígenas. 

En cuanto al pluralismo jurídico, únicamente en cosas de poca importancia se les permite a los pueblos indígenas ejercer su jurisdicción de justicia. En delitos tipificados por el Código Penal, están aún obligados a someterse a la administración euroccidental de justicia (jurisdicción ordinaria). Esto implica menosprecio y falta de reconocimiento de la capacidad de los pueblos indígenas para administrar justicia.

En cuanto al pluralismo cultural, aún no se reconocen a las demás culturas en igualdad de condiciones, por lo que no se aplica aún la interculturalidad prevista en el art. 98 de la CPE. En especial con las culturas indígenas, la actitud gubernamental continúa demostrando que las cree inferiores, por lo que requieren aprender la cultura superior ¾la euroccidental¾ mediante la educación formal. Y en la población en general, se continúa pretendiendo uniformizar prácticas culturales y religiosas ajenas, como es el caso del año nuevo aymara y las fiestas católicas, mediante la imposición estatal de feriados generales (carnaval, semana santa, corpus cristi y navidad; en Cochabamba, Urkupiña, etc.)

Finalmente, en cuanto al pluralismo lingüístico, para fines de integración de los pueblos indígenas, la Constitución dice que las y los servidores públicos deben hablar al menos un idioma indígena (arts. 5 y 234.7). Esto es hoy un engaño, ya que en papales todos tienen certificados de haber vencido un curso. Pero en la práctica, sólo hablan efectivamente quienes son o provienen de áreas rurales.

La igualdad es un valor, un principio, un derecho y una garantía (SCP 0079/2015 F.J. III.2.2). Los gobiernos del Estado boliviano están obligados a materializar esa igualdad, lo que implica realizar el pluralismo. Como se puede observar con este repaso, la implementación del pluralismo y el Estado plurinacional en Bolivia, tras 14 años, aún está en su etapa inicial. Eso implica que la igualdad está en la misma situación, salvo, tal vez, si se mira únicamente con el enfoque economicista. Es urgente pasar, de una vez, del mero discurso gubernamental a la práctica real del pluralismo y de la igualdad.