Desconocer la existencia de un gobierno que duró un año en el poder es un absurdo de tal magnitud que, si no fuera por las consecuencias que esta locura acarrea, sólo merecería unos minutos de asombro y de risa.

Aunque parezca sacado de un libro de fantasía, la verdad es que la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa ha devuelto al Tribunal Supremo de Justicia tres proposiciones acusatorias en contra de la expresidenta Jeanine Añez, con el argumento de que no existen suficientes pruebas de que ese gobierno haya existido.

De esta manera, el oficialismo frena el tratamiento de los juicios de responsabilidades en la Asamblea Legislativa con la pretensión de que todos los actos de Añez como presidenta interina se juzguen en la vía ordinaria, donde el MAS tiene el control de jueces y fiscales.

Hay que recordar que la Constitución boliviana prevé juicio de responsabilidades para los expresidentes, sin importar si éstos fueron elegidos democráticamente, asumieron por sucesión constitucional o por un golpe de Estado. De hecho, el exdictador Luis García Meza fue juzgado en un juicio de responsabilidades, mientras que a Añez no se le quiere reconocer ese derecho, pese a que ella no dio un golpe de Estado, como afirma el Gobierno.

Además de la arbitrariedad que se está cometiendo con Añez, llama la atención que el MAS desconozca la gestión de Añez, puesto que al hacerlo pone en duda la legalidad del gobierno de Luis Arce, que ha emergido de las urnas gracias a una ley de convocatoria a elecciones firmada por Añez.

La citada ley, además hay que recordarlo, surgió el consenso entre oficialismo y oposición. Es tan cierta esta afirmación que la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, que era del MAS, asistió a la promulgación de la ley al Palacio de Gobierno, donde fue fotografiada junto a Añez blandiendo la convocatoria para las elecciones.

Pero, no sólo eso. Añez también promulgó una ley de prórroga de mandato que benefició a todas las autoridades que emergieron de la crisis de 2019, pero también a la Asamblea Legislativa, cuyos miembros, en su mayoría, eran del MAS. Es tan grotesco el invento que el presidente de la comisión que ahora desconoce a Añez, Luis Adolfo Flores, fue beneficiado con la prórroga de mandato cuando era gobernador de Pando.

Con justa razón Añez dice que si desconocen su gobierno, entonces todos sus actos son nulos, lo que quiere decir que el gobierno de Arce y la gestión de los legisladores actuales, que también emergieron de las urnas, son inconstitucionales.

“Si yo no fui presidente, señores y señoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ustedes son parlamentarios inconstitucionales, lo mismo el presidente inconstitucional Luis Arce. Si no fui presidente, mis actos fueron nulos y todos serán condenados pronto en razón a ello”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Añez promulgó más de 70 leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, lo que implica un reconocimiento al carácter constitucional del gobierno transitorio por parte del Órgano Legislativo. A ello hay que sumarle que Añez estuvo en la inauguración del año judicial y que, por tanto, fue reconocida por ese órgano del Estado y que el cuerpo diplomático le ofreció un saludo protocolar.

Resulta insulso seguir haciendo un recuento de pruebas de que el gobierno de Añez existió y que fue reconocido por diferentes instancias estatales, porque, finalmente, lo importante es que cada ciudadano boliviano, estuviera o no de acuerdo con el gobierno transitorio, sabe que Añez gobernó Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020.

El MAS ya no sabe cómo darle un cariz de legalidad a la sañuda persecución política que ejerce contra la exmandataria y por eso trata de crear posverdades que ni el mismo presidente Luis Arce debe creer.

Ya que este gobierno va en camino de convertirse en otra Nicaragua, bien haría el presidente Arce en seguir los recientes pasos de Daniel Ortega y liberar a los presos políticos, aunque sea permitiéndoles vivir en el extranjero.