La campaña oficialista dirigida a deslegitimar la iniciativa ciudadana para un referendo que emprenda la reforma del sistema judicial boliviano evidencia aún más la urgente necesidad de ejecutar esos cambios.

Desde el Procurador General hasta el Ministro de Justicia, pasando por asambleístas del MAS y dirigentes de organizaciones sociales afines al oficialismo, los masistas se afanan por evitar que la iniciativa prospere.

Ninguno se refiere a las cuatro preguntas propuestas para ese referendo y aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral hace más de cuatro meses.

El primer blanco de esa campaña son los autores de la iniciativa de reforma: el grupo de juristas independientes que planteó la idea de reformar la justicia mediante una consulta popular.

“Son políticos camuflados de juristas independientes”, asegura el procurador como si esa calidad, así fuera real, los invalidaría para llevar adelante su iniciativa.

Otro recurso de la arremetida oficialista es la distorsión del propósito de la iniciativa y la desinformación de los efectos que tendrá al concretarse.

Para el ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), se trata de un “golpe judicial” y “las preguntas que han planteado son atentatorias contra los pueblos indígenas”.

La COB resolvió en un ampliado “censurar esas propuestas” que, aseguran, “pretenden destruir nuestra democracia y desconocer la CPE”.

Esos propósitos revelan el desconocimiento de lo que plantea la iniciativa ciudadana y de los derechos que franquea la Constitución a los ciudadanos.

La Carta Magna, en su artículo 411, instituye que “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20 por ciento del electorado” y a eso apunta la propuesta independiente.

Y una de las cuatro preguntas de esa propuesta se refiere precisamente a profundizar el ejercicio de la justicia indígena originaria.

Pero no es esa parte la que parece inquietar más al oficialismo.

El punto crucial de la iniciativa es el que apunta a la independencia de la justicia del poder político.

Es decir, que el sistema de selección y calificación de los postulantes a los cargos jerárquicos de los más altos tribunales no dependa, como hasta ahora, del partido mayoritario en el Legislativo.

Con ese cambio se reduciría la posibilidad del sometimiento de la justicia al poder político y las elecciones judiciales tendrían resultados que aseguren la legitimidad que hoy no tienen los magistrados electos, pues cerca del 60 por ciento de los votos emitidos fueron nulos o blancos, en las dos ocasiones que tuvieron lugar esos comicios en 2011 y 2017.

Y el Gobierno del MAS ya se afana para repetirlos en octubre, en las mismas condiciones.