A juzgar por las desesperadas reacciones que la clase política, especialmente de la oficialista, exhibe ante la campaña de recolección de firmas de los juristas independientes, queda claro que están al borde del ataque de nervios: ¿Qué siempre temerán, no?

Al avance de las firmas que según sus voceros está siendo un éxito, ha aparecido el coro de varios enviados desde el oficialismo que, por supuesto ejerciendo su libertad de expresión, no dejan dudas de ese estado que huele a desesperación: el Presidente del Tribunal Electoral, luego del Tribunal Supremo, la COB, Conamaq y así sucesivamente, todos los azulejos entonan el discurso del oficialismo para tratar de denostar o, por lo menos, sembrar dudas del emprendimiento, al extremo grotesco que no ha faltado quien, cayendo en discurso de odio, les ha deseado en su peor estilo “…todas las desgracias que les pueda ocurrir” (sic).

Y no es que la propuesta de los juristas, o cualquier otra idea, sea tan inmaculada que no admita críticas o dudas. Todos como seres humanos pensantes tenemos por supuesto el derecho de apoyar, cuestionar o ser indiferentes sobre cualquier propuesta o política pública, venga de donde venga y consista en lo que consista. Que por eso aparezca alguien que les desee todas las desgracias posibles, describe, y muy feo, al emisor de esos conjuros, peor si se trata de un servidor público que recibe su salario de los impuestos del soberano y, entonces, debiera dedicarse, por lo menos en teoría, al bien común, etc. En fin, ojalá no se muerda la lengua para no envenenarse...

Empero, todas esas reacciones e, insisto, más allá de los legítimos cuestionamientos que surgen, unos sobre el fondo, si es que será efectiva para cambiar en medida importante el desastre del actual sistema de administración de justicia, los riesgos que algunos temen de la propuesta para abrir la Constitución y se le metan nomás de contrabando algunas reformas temibles –reelección sine die, por ejemplo– o el conocido servilismo al cocalero de su cabeza más visible, sostengo que ante la evidencia del fracaso de la reforma del sistema que fue propagandeada por el oficialismo con comisiones de notables, luego de expertos, cumbres y algunos parches normativos (alguno acertado en alguna medida), la propuesta de los juristas independientes es, al final del día, lo único que dispone el soberano para obligarle –ojalá eficazmente– a la clase política boliviana de todos los colores, y sobre todo al oficialismo, a realizar una reforma del sistema de justicia que atormenta y no tutela al ciudadano. Cuanto más lejos esté del poder partidario de turno o discrepe públicamente del mismo, peor le irá.

Por eso, aun con las dudas que podamos tener sobre sus alcances y posibilidades y estando conscientes de los obstáculos que aún enfrentará –Corte Electoral y luego Tribunal Constitucional– y ciertamente la carrera de obstáculos contra el tiempo incluyendo los desahucios del oficialismo y sus adláteres incluso disfrazados de independientes, la campaña avanza, porque gran parte del soberano está dispuesto a correr ese riesgo. A firmar entonces. 

No existe ninguna otra propuesta potable desde la sociedad civil –existen otras propuestas, pero desde la clase política, aunque no oficialista–, que es lo que por lo visto se teme. Es que, como alguien dijo, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen y, eso explica en importante medida que la propuesta, con todas sus luces y sombras, vaya en camino de convertirse en poderosa frente al poder público al que está interpelando a la vista de su incapacidad y evidente falta de voluntad política para cambiar genuinamente el sistema, más allá de sus discursos, papos y “cumbritis”.

Que la actual propuesta incidirá solo en algunas de sus facetas, empezando por algún cambio en la forma de selección de los candidatos a altos cargos del sistema, presupuesto, justicia de paz y comunitaria es evidente, pero aún solo eso significaría ya un importante avance para lo que hoy sufrimos y serviría de piso para emprender las tareas restantes que debe abarcar la reforma genuina al sistema, y no solo en lo normativo, de las instituciones que directa o indirectamente intervienen en el sistema de justicia, como la Policía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría, etc.; lo que demuestra la titánica tarea que está empezando a percutirse con la propuesta, que aun de ser exitosa podría quedar vaciada de contenido por el poder, si el soberano se lo permitimos. ¡¡¡A firmar entonces!!! “Se sabe cuándo empieza la reforma, pero nunca cuándo termina” (Alberto Binder)