¿Cuál sería su respuesta a la pregunta planteada en el título de este artículo? Si usted es defensor de la democracia, la libertad y la justicia, seguramente su respuesta sería un contundente NO.

Si el referendo para reformar el sistema judicial propuesto por los Juristas Independientes llega a tener éxito, el resultado será que los diputados y senadores del MAS, en acuerdo con 4 senadores y 12 diputados de la oposición, elegirán a los magistrados de los tribunales de justicia, constitucional, medioambiental y al fiscal general del Estado.

El Tribunal Electoral, en acuerdo con los juristas independientes han aprobado las preguntas para el referendo, que son poco claras, que confunden y no permiten enterarse de la propuesta de fondo de los Juristas Independientes.

Si analizamos la 1° pregunta del referendo, quitándole todas las palabras que distraen, la propuesta de los juristas, es la siguiente:

¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para crear una Comisión Nacional de Postulaciones ... que seleccionará ternas de postulantes ... para su designación por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional ...?

Como se puede comprobar, quienes finalmente elegirán a los magistrados y al fiscal general del Estado, son los miembros de la Asamblea Legislativa. ¿Y quiénes son los miembros de la Asamblea Legislativa? Son los diputados y senadores del MAS en su gran mayoría y los de Comunidad Ciudadana y de CREEMOS en minoría. Lo que implica que los ciudadanos ya no elegirán a los magistrados.

Los Juristas independientes están desplegando una propaganda y un marketing político para proponernos, no un cambio en la justicia, sino todo lo contrario, un retroceso y lo que es peor un retroceso para que el gobierno del MAS siga manejando a su antojo la justicia, pero esta vez con mayor legalidad y legitimidad que antes, porque tendría el respaldo de un referendo nacido en el seno de la sociedad civil.

No cabe la menor duda que estamos frente a un marketing político, que parte de ciertas verdades incontrastables como la falta de independencia del poder judicial, la corrupción, la falta de presupuesto, la falta de acceso a la justicia, la mora judicial, la retardación de justicia, etc., muestran a la sociedad civil como la única interesada en la reforma, pero sobre todo con la capacidad de reformar la justicia mediante la reforma de la Constitución Política del Estado haciendo uso de la iniciativa popular por medio de la recolección de firmas para habilitar el referendo, pero la solución que proponen es volver al cuoteo político de la democracia pactada en la que los diputados y senadores del MAS pactarán cuotas de magistrados con los diputados y senadores de Comunidad Ciudadana o de CREEMOS, en función de la correlación de sus fuerzas y elegirán a aquellos postulantes preseleccionados por la comisión de postulaciones que sean afines a dichos partidos o afines a sus intereses y que además acepten las condiciones de su nombramiento.

De tener éxito la recolección de firmas y el referendo, se habrán cerrado todas las puertas a nuevas propuestas de reforma de la justicia por muchos años, además de haberse gastado aproximadamente 150 millones de bolivianos, para retroceder en vez de avanzar en la reforma de la justicia.

Lo sorprendente de todo esto es el rol que está jugando el Tribunal Electoral, que por mandato del artículo 19 de la Ley del Régimen Electoral está obligado a verificar que la pregunta o preguntas estén formuladas en términos claros, precisos e imparciales, lo que no sucede en este caso. Por otra parte, como ya observamos en un artículo anterior, ha permitido la incorporación de artículos abiertos sin contenido, en la última parte de las 3 primeras preguntas que señalan “Para ello se incluirá un nuevo artículo en la Constitución Política del Estado”, dando a los legisladores del MAS la oportunidad de incorporar modificaciones a la Constitución que no sean parte del referendo, olvidando e infringiendo el artículo 15 de la Ley del Régimen Electoral, que señala que “Las decisiones adoptadas mediante Referendo tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de carácter vinculante”

Quedan muchísimas dudas y preguntas en el tintero, que las iremos aclarando una a una.