Justa Norma Leyes comenzó a morir al aprobarse la Constitución que la condenaba a elegir por voto universal (político) a quienes deben administrarla. En su momento dijimos que era como acudir a las urnas para elegir al Alto Mando Militar (o policial). Ciertamente, el sistema judicial no era el más prístino del mundo, pero el remedio resultó peor que la enfermedad.

Desde entonces, Justa Norma Leyes muere cada vez que es violada por los operadores judiciales del régimen; es rematada una y otra vez. Para no hablar de que en las dos elecciones de tribunos la ciudadanía votó mayoritariamente por los candidatos “nulo” y “blanco”, dando pie a que los magistrados se posesionen en sus cargos con ínfimos porcentajes de la votación popular. Es decir que habiendo tropezado dos veces con la misma pifia, el régimen intenta asestar el tiro de gracia al ya absolutamente desacreditado sistema de justicia –eso desde el punto de vista de la ciudadanía que ve día a día cómo es usado para perseguir, amedrentar, extorsionar y encarcelar por razones políticas; por eso es que al régimen no le interesa cambiarlo. Es más, parecería que le urge tener una judicatura aún más dócil a sus mandados-.

Porque últimamente su agusanado cuerpo viene recibiendo puñaladas arteras que la desfiguran más y MAS. Y no obstante el repudio ciudadano de que es objeto, se anuncia una nueva –la tercera- elección con las mismas taras de las anteriores, es decir un proceso amañado –pantomima de selección cuyas cartas están marcadas- muy similar al que se opera para la designación del Defensor del Pueblo, con la diferencia de que para el caso no hay “elecciones”. Sin embargo, ambos dejan de lado lo fundamental para cargos de esta clase: la meritocracia. En el proceso de selección para la Defensoría, los postulantes mejor calificados –uno de ellos, particularmente- fueron eliminados en las primeras rondas, siendo sus buenos nombres manoseados por los badulaques que tienen la orden de escoger a uno de los suyos. Por eso es que no hay muchos profesionales de excelencia que acudan a la convocatoria. Y así nos va...

Ahora que un grupo de notables juristas pretende enmendar –dándole una suerte de respiración artificial- tal iniquidad, el régimen vuelve a soltar a su rotweiiler y a sus doberman con gastadas consignas que pretenden confundir a la ciudadanía para desanimarla a firmar los libros que, muy a pesar suyo, están siendo sostenidamente signados.

Se cuestiona el procedimiento por una supuesta inconstitucionalidad, cuando cualquier persona mínimamente formada sabe que la iniciativa legislativa ciudadana está reconocida por la Constitución y su institución data de la reforma constitucional de 2004.

Se observa una supuesta (ex)temporalidad, cuando sus promotores han demostrado que los tiempos, con voluntad política para administrarlos, son suficientes para alcanzar a noviembre con una reforma parcial de la CPE que evite otra muerte de Justa Norma Leyes.

Finalmente, se apunta a las personas cuando, si se aprecia su trayectoria profesional, méritos les sobran; entre otros, a Juan del Granado le cupo ser la cabeza en el proceso que logró la sentencia condenatoria al dictador Luis García Meza y colaboradores por la vía del juicio de responsabilidades. Hecho inédito en Latinoamérica.

Si finalmente el régimen se emperra en meterle nomás a su elección, se debería comenzar una campaña por el Nulo (con mayúscula) para que la ciudadanía se vaya sumando y esta vez alcance a 80% (la anterior llegó a 65%). Puede ser meramente testimonial –el régimen impondrá a sus amigos de todas maneras- pero los deslegitimará al punto de invalidar sus ulteriores actos.