Te presentamos la primera parte de la entrevista que el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, concedió a la Revista Tribunales, en relación a los avances en la reforma judicial y el proceso de elecciones judiciales.

La reforma judicial es una deuda con todas y todos los bolivianos: entre otros temas importantes, hablamos de institucionalidad, transparencia, idoneidad, mejor empleo del presupuesto ¿Cuáles fueron los avances más importantes de la gestión 2022 y cuál es la agenda para el presente 2023?

El trabajo de la gestión 2022 en cuanto a la institucionalización de la Escuela Judicial es lo más destacable, es un hito relevante; tener 170 jueces que salen de la Escuela Judicial en agosto, marca un compromiso del Órgano Judicial con la institucionalidad. El informe de Diego García Sayán nos planteaba claramente que la carrera judicial y eliminar la transitoriedad debieran ser el segundo compromiso de este proceso que estamos emprendiendo. Durante la gestión 2022, el Consejo de la Magistratura planteó una serie de acciones y convocatorias para llenar las acefalias que teníamos en todos los tribunales y claramente la situación que se presentó por parte de AMABOL ha obstaculizado este proceso. Se han presentado acciones constitucionales en Santa Cruz, Sucre, en Cochabamba donde lamentablemente, con un Poder falsificado por parte de los otorgantes y el Notario, con inconsistencias entre el Testimonio y el Protocolo. 

Sin embargo, más allá de esta confrontación entre la AMABOL y el Consejo de la Magistratura, perdió la carrera judicial porque el mandato era eliminar la transitoriedad y esto no se pudo consolidar. 

En esta línea de evaluación, el combate contra la corrupción ha marcado hitos muy importantes en esta gestión; el Presidente Luis Arce ordenó la conformación de una Comisión de seguimiento de los casos de feminicidios y esto permitió que se tomen medidas, a partir del Consejo de la Magistratura, de la Fiscalía, del Órgano Judicial, de restructuración de lo que significa la ejecución de decisiones en casos de feminicidios, de graves violaciones de derechos de las mujeres y, finalmente, 18 jueces de ejecución quedaron fuera del cargo, muchos de ellos procesados penalmente, algunos con detención y en general una decisión que es fundamental; la primera sentencia de avocación del Tribunal Constitucional que marca un compromiso del Órgano Judicial en esta visión de género.  

Bajo este componente de transparencia, se dio una respuesta contundente a estas organizaciones criminales que están enquistadas en la justicia y hemos mejorado drásticamente en el procesamiento de casos de feminicidios, en los últimos años hemos subido de 10% de éxito, en la investigación, en las sentencias, a un 85% y el porcentaje que no tienen resolución son casos en las que las personas se suicidaron a momento de la comisión del delito o casos en los cuales no fue posible determinar la autoría. Existe un compromiso firme de toda la institucionalidad estatal de proteger a los sectores vulnerables y que merecen mayor atención en el país. 

Un elemento de la trasformación de la justicia es el trabajo de la Asamblea Legislativa, respecto a la tarea que tenían de aprobar medidas normativas que no tuvo resultados concretos. Por primera vez en la historia el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia planteó una reforma a la Ley 025 y lo propio el Presidente del Tribunal Constitucional, ambos plantearon proyectos para ajustar la estructura normativa, del mismo modo el Presidente del Tribunal Agroambiental presentó un nuevo código procesal agroambiental y ninguno de los tres presidentes logró que sus proyectos pasen la etapa de comisiones de la Asamblea Legislativa. 

Considerando que un eje importante de la reforma es la actualización normativa y a pesar del esfuerzo de los tribunales, la Asamblea Legislativa no logró aprobar uno solo de los proyectos que se plantearon. Esta situación requirió un litigio estratégico ante el Tribunal Constitucional para lograr cambios necesarios para la justicia, en esa vía se presentaron acciones de cumplimiento y acciones de inconstitucionalidad abstracta que fueron admitidas por el Tribunal. Me referiré a tres medidas que serán estructurales para la transformación de la justicia; acciones presentadas contra la Ley de Derechos Reales, contra la Ley 025 en cuanto al régimen disciplinario y acciones en relación a la carrera judicial. Dado que la Asamblea Legislativa no avanzó en la aprobación de normas, el litigio estratégico puede ser una medida que nos permita en la reforma judicial. 

Un último punto relevante, que marca avances, es que el país tiene alrededor de 90.000 abogados y el 45% tiene ciudadanía digital y hemos logrado avanzar en el Registro Público de la Abogacía en las herramientas tecnológicas que nos permitirán facilitar seguridad y celeridad. La consolidación de la justicia libre del Ministerio Público marca un reto para que las demás instancias de la justicia adecúen sus sistemas informáticos a este sistema. Hay que reconocer al Ing. Corrales que trabaja en la Fiscalía innovando con un aporte muy significativo a la transformación de la justicia, pues la Fiscalía tiene un sistema de primer nivel que está consolidando el expediente digital y todo el trabajo de ciudadanía digital. 

Las demás instancias de la justicia deberán ponerse a tono con este gran avance que tuvimos este año, la versión nueva que tendremos de justicia libre nos permitirá implementar medidas como el control biométrico de los detenidos domiciliarios. 

La reforma judicial no es un acto único, no se construye en un mes o en un día, estamos dos años en el gobierno del Presidente Arce y hemos avanzado el 40% de su mandato, pero en el marco de los 200 años que cumplirá el país el 2025, no representa ni el 1% del tiempo que se le dedicó a la justicia y su transformación. 

Hace falta mucho, pero hemos avanzado en temas significativos.

¿Qué se propone para transparentar el proceso de elecciones judiciales? ¿qué sucederá si la ALP no se pone de acuerdo con la preselección?

Siguiendo la declaración del Dr. Oscar Hassenteufel, en la inauguración del año electoral, de acuerdo al tiempo máximo que tienen para llevar adelante el proceso de elección judicial debiera contemplar el inicio del procedimiento el 15 de abril, en esta fecha la Asamblea Legislativa debiera remitir al Órgano Electoral la lista de las personas preseleccionadas para ser candidatos. Existe un esfuerzo de Silvia Salame, Luis Adolfo Flores en elaborar, a partir de la Comisión de Justicia Plural y Constitución, un reglamento que permita realizar el proceso de preselección y sacar la convocatoria el mes de febrero, de manera que los postulantes puedan ser sujetos de una evaluación, como ocurrió el año 2012 y 2017 y termine este trabajo de la Asamblea el mes de abril. 

Este trabajo de la Asamblea, que tiene que contemplar los puntos de crítica en los anteriores procesos, presenta un problema estructural que es los dos tercios de votos; en los procesos anteriores el Movimiento al Socialismo tenía dos tercios de votos, ahora no los tiene y la lista no podrá ser remitida si no cuenta con la aprobación por dos tercios. 

Existen en este momento proyectos de ley que plantean mejorar la forma de preselección de los 26 candidatos, como la creación de comisiones o equipos que realicen un trabajo más acucioso que el que puede hacer el nivel político de la Asamblea Legislativa; se plantea una evaluación de los conocimientos y ética del candidato, una investigación que permita llevar resultados más objetivos que los que tuvimos el año 2012 y 2017. Esta comisión debería hacer un trabajo más preciso y esto es claro; la Asamblea Legislativa está conformada por profesionales de diferentes áreas que no tienen la especialidad para evaluar jurídicamente a un candidato al Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, entonces se delegaría a este grupo de expertos la posibilidad de evaluar el perfil académico y ético y entregar una lista o terna que, con un criterio político, la Asamblea pueda preseleccionar para que vayan a la elección. 

Esta modalidad que debería plantearse en un reglamento convenido por todas las fuerzas políticas es el momento en el que estamos, este reglamento permitiría que algo que está planteando el grupo de juristas independientes pueda entrar en vigencia ahora y no en un largo proceso de recolección de firmas, referéndum, que demorará al menos todo este año y podrá ser usado para el año 2029 y no para este año, los tiempos no concuerdan con las determinaciones constitucionales, este proceso que plantean tiene características muy limitadas. 

La Asamblea Legislativa está conformada por profesionales de diferentes áreas que no tienen la especialidad para evaluar jurídicamente a un candidato al Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo”.

La propuesta es crear esta comisión, que es un estándar regional y llevar el voto no a la elección entre candidatos sino a la ratificación, al voto ratificatorio que puede permitir que la lista de personas de 26 magistrados y consejeros pueda ser ratificada por la gente, de manera que los ciudadanos decidan aprobar el trabajo de la Asamblea o no, ya no tendríamos varios votos por cada tribunal en diferentes circunscripciones sino únicamente un voto ratificatorio al trabajo de esta comisión de notables y luego los dos tercios de la Asamblea Legislativa.  

No parece que haya una gran diferencia entre las diferentes posturas, pero existe la necesidad de ajustar los cronogramas; el que planeta la Comisión de Justicia Plural y Constitución, el cronograma de los juristas independientes y llegar a acuerdos que nos permita incorporar las observaciones sin la necesidad de una reforma constitucional. Esto es perfectamente posible, la creación de una comisión previa es compatible, el voto ratificatorio no necesita una reforma constitucional pues la Constitución Política del Estado establece el sufragio universal y no se precisa si el voto será electivo o ratificatorio. 

No estamos de acuerdo con el cuoteo, no pensamos que la manera de elegir a los nueve Magistrados del Tribunal Constitucional sea darle una cantidad al MAS, otra a Comunidad Ciudadana y otra a Creemos”.

Donde no existe el acuerdo, como un acto de hipocresía, lamentamos decirlo, de Comunidad Ciudadana y de Creemos es en la participación para lograr los dos tercios de votos de la Asamblea. Todo lo planteado es algo técnico jurídico que podemos ponernos de acuerdo, donde no hay acuerdo es cuando se pide que pongan los dos tercios de votos para lograr esta lista de los mejores abogados bolivianos que vayan a conformar los tribunales de justicia del país.

No estamos de acuerdo con el cuoteo, no pensamos que la manera de elegir a los nueve Magistrados del Tribunal Constitucional sea darle una cantidad al MAS, otra a Comunidad Ciudadana y otra a Creemos, esto es volver a una lógica inadmisible. Lo que se requiere es que vayan como candidatos para ser ratificados los nueve mejores juristas en derecho constitucional del país, esto es lo que estamos buscando.