La elección de jueces la podemos encontrar en la experiencia de la Comuna de París en el siglo XIX, y actualmente en EEUU. De acuerdo con la American Judicature Society, 45 estados en EEUU cuentan con mecanismos de elección popular de jueces, siete de estos estados seleccionan a sus jueces mediante mecanismos partidarios (mediante una boleta electoral bajo el lema de algún partido político), logrando el apoyo electoral por su afiliación a dicho partido; 14 estados realizan elecciones apartidarias (aunque en la práctica la American Judicature Society reporta que también hay conflictos partidarios internos), en esta forma de elección se reduce la información que se difunde a los votantes respecto de los candidatos. Otros 16 estados utilizan una forma de reelección mediante retención, es decir, los jueces son nombrados inicialmente en sus cargos y luego se vota por su reelección. Los demás estados poseen formas híbridas que combinan algunas de las fórmulas anteriores.

En Bolivia, la elección por sufragio universal de magistrados y miembros del Consejo de la Magistratura se caracteriza porque se refiere únicamente a la estructura jerárquica del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, y no así a jueces cercanos a la población, como es el caso de EEUU.

La Constitución Política del Estado (CPE) boliviana establece que la preselección de postulantes la realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios de sus miembros presentes y remite al Órgano Electoral la nómina de los precalificados. Asimismo, establece que los postulantes no podrán realizar campaña electoral y señala que es el Órgano Electoral el único responsable de difundir los méritos de los candidatos, aunque para la elección pasada se permitió a distintos medios de comunicación participar en esta difusión.

La primera elección judicial se llevó a cabo el 16 de octubre de 2011. La segunda se realizó el 3 de diciembre de 2017, lo cual hace suponer que las elecciones de este año serán, si todo sale bien, entre octubre y diciembre, para que las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional sean posesionadas a comienzos de 2024. Sin embargo, hay varios escenarios posibles que pueden hacer variar estos plazos, el primero será lograr una nómina de precalificados aprobados por dos tercios, recordemos que ha sido muy difícil el acuerdo de dos tercios en la elección de otras autoridades como el Defensor del Pueblo o el Contralor General del Estado. Otro escenario posible es el sugerido por una propuesta de reforma constitucional, que sin embargo se encuentra en una fase inicial de recolección de firmas y sería muy arriesgado señalar lo que podrá tardar esta reforma. Lo cierto es que las actuales autoridades cesarán de sus cargos a comienzos de 2024.

Farit Rojas T. es docente investigador de la UMSA.