Ante el entusiasmo generalizado de mucha gente por firmar los libros para viabilizar la reforma constitucional en lo que a la administración de justicia se refiere, pensé dejar esta obligación cívica para más adelante.

Sin embargo, una campaña en contra de la reforma de justicia impulsada por adherentes y militantes del MAS, que al parecer están impedidos de diferenciar el bien del mal, me motivó ir a firmar sin más pérdida de tiempo con la esperanza de que en el menor tiempo posible el número de firmas que se requiere para continuar el proceso sea sobrepasado superabundantemente.

Es que es fundamental que las cifras sean contundentes, de manera que quienes quieran mantener el sistema judicial tan o más podrido de lo que está actualmente se den cuenta de que el cambio vendrá con o sin ellos. Más aún, lo deseable sería que se den cuenta de que un cambio en la administración de justicia como el que la gente demanda también los beneficiaría, porque si en algún momento tuvieran que rendir cuentas ante la justicia serían procesados debidamente, sin temor a que algunas autoridades circunstanciales utilicen a fiscales y jueces para hacerles daño como ahora sucede.

Además, un número de firmas contundente también serviría para evitar que en los pasos sucesivos que se deben dar en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral, los opositores a la reforma ahí incrustados puedan manipular decisiones que impidan la realización del referendo. No hay que olvidar que el proceso es largo y los operadores del gobierno y el MAS saben que perderán mucho si éste alcanza éxito. No sólo porque les será muy difícil manipular a fiscales, jueces, policías, sino porque no podrán repartir pegas en el aparato judicial entre sus militantes y adherentes como lo hacen ahora sin importar la calidad académica, profesional y moral de los beneficiados, condición sine qua non para utilizarlos como fichas.

Desde otra perspectiva, también es cierto que en un mundo tan complejo como es el de la administración de justicia hay diferentes visiones sobre cómo ésta debe funcionar, lo que provoca que la propuesta concreta de reforma que actualmente está en el tapete no agrade a todos. Hay reconocidos abogados y expertos que han expresado sus reservas con sólidos argumentos. Sin embargo, es la propuesta que impulsan los Juristas Independientes la que se ha concretado y tras ella debemos alinearnos quienes queremos el cambio, con la esperanza de que abierta la grieta las transformaciones en el conjunto del sistema se irán sucediendo.

Esto es más importante aún cuando se observa que el actual sistema de justicia, convertido en un instrumento de represión política y garantía para mantener la impunidad de quienes violan sistemáticamente la Constitución y las leyes del país, es defendido a rajatabla por las autoridades del gobierno y los adherentes del MAS. Porque, además, junto con el uso de la mentira como instrumento de gobernanza, permite concretar su esencia autoritaria.

En resumen, estoy convencido de que apoyar la convocatoria a un referendo constitucional para introducir importantes reformas en el sistema de justicia del país es en un deber cívico y democrático que no se puede eludir.

Por eso, ya firmé mi demanda de reformar parcialmente la Constitución.