Silvia Salame Farjat es una jurista de larga y reconocida trayectoria que ahora se desempeña como senadora por Chuquisaca por Comunidad Ciudadana. Su gran preocupación es la crisis judicial y por eso ha elaborado un proyecto de ley para que juristas, académicos, universidades y colegios de profesionales participen del proceso de selección de candidatos a magistrados para garantizar que se imponga la meritocracia. Aclara, sin embargo, que ella está de acuerdo con el proyecto de los Juristas Independientes, pero considera que los tiempos no darán para hacer la reforma constitucional antes de las elecciones judiciales, previstas para diciembre.

En esta entrevista con Página Siete, expresa, además, por qué el MAS tendría que ser el más interesado en reformar la justicia.

¿Cuál es el estado actual de la justicia?

Yo diría que está en terapia intensiva porque hemos tocado fondo. Nunca el sistema judicial ha estado en peor situación. Es un momento crítico por varias razones, primero, porque en las elecciones judiciales no se ha tomado en cuenta la meritocracia y en segundo lugar porque se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Hay altos índices de corrupción, no solo por cuestiones de pago económico, sino una corrupción que tiene de trasfondo un clientelismo político que también es corrupción y, por último, no podemos negar la falta de presupuesto, que no permite que los ciudadanos tengan acceso a la justicia, además, se ha dejado sin efecto la carrera judicial. Estamos en el peor momento de la crisis del sistema judicial.

¿Usted diría que la politización en las designaciones es el principal problema de la justicia?

Indudablemente, porque al tener las cabezas elegidas no basado en la meritocracia, sino con base en un favor político o de amistad, como esto va en cascada, todas las otras designaciones tienen el mismo componente. En el Consejo de la Magistratura se han visto altos índices de corrupción, venta de exámenes, compromisos con fuerzas políticas para dar cargos, convocatorias que se hacen de forma ficta, porque ya tienen decidido a quién se va a nombrar. El núcleo del problema es ése, sin dejar de lado que es una suma de problemas.

Usted seguramente fue elegida magistrada por el Congreso, cuando los partidos tomaban las decisiones. ¿Diría que ese tipo de elección era mejor que la elección popular?

Yo me presenté al Consejo de la Magistratura, porque consideraba que estaba entre los cinco mejor calificados de Bolivia y me inventaron un tema para inhabilitarme porque probablemente yo no tenía la bendición política de ningún partido. A partir de ahí, yo he visto todo el peregrinaje de postularse. Si una persona no tenía el apoyo político, prácticamente no tenía posibilidades de llegar a un cargo, independientemente de si era competente o no. Yo no me presenté al Tribunal, me presenté a la ex-Corte Suprema y resulta que en esa época gobernaba el MNR, y (Carlos) Sánchez Berzaín para que yo no llegara a la Corte Suprema, porque los juicios de responsabilidades se tramitaban allá, ellos me nombraron magistrada suplente del Tribunal Constitucional. O sea, prácticamente se libraron de mí, me pusieron al Tribunal Constitucional para dejarme congelada ahí. Dios quiso que yo pudiera hacer una verdadera carrera en el Tribunal Constitucional.

Luego viene la elección judicial. ¿Qué ha implicado esa elección en el sistema judicial?

Yo nunca estuve de acuerdo con la elección popular porque ser magistrado no es lo mismo que ser alcalde o gobernador y, por otro lado, usted no puede hacer campaña política y tampoco el ciudadano tiene posibilidad de conocer cuáles son los abogados connotados académicamente, pero que también tienen las condiciones morales para el cargo. Por otro lado, nunca ha habido una verdadera elección porque la preselección se hace en la Asamblea, que es la que dice por quiénes va a votar el ciudadano. Eso de la elección es algo acto ficto.

Usted plantea un proyecto de ley para cambiar el sistema de selección de autoridades, pero hay un grupo de juristas que está pidiendo una reforma constitucional. ¿Por qué?

Para mí, debería haber una gran modificación de la Constitución en todo lo que es el ámbito judicial, debería por ejemplo cambiarse la composición del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo debería perder la competencia de administrar recursos para que vuelva al Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental debería formar parte del Tribunal Supremo. Debería haber una gran revolución en el ámbito judicial, pero para eso tendríamos que ir a una Constituyente porque estaríamos afectando el núcleo duro de la Constitución. Entonces, el término medio es modificar parcialmente la Constitución en lo que se refiere a la elección, porque en los hechos nunca ha habido elección. Deberíamos hacer que se vuelva al modelo anterior, si bien no era la panacea del mundo, cada partido se peleaba por tener a los mejores abogados para proponerlos, no era tan perversamente mala esa forma de elección, pero hoy hemos llegado a que los miembros del Órgano Judicial dependen exclusivamente de una fuerza política. Lo que proponen los Juristas Independientes es un avance histórico porque es la primera vez que la sociedad civil hace una propuesta de este nivel, es una propuesta muy importante, pero, para ser honesta, no creo que los tiempos nos acompañen para que en las elecciones de 2023 se pueda aplicar lo que proponen. Luego, no existe ninguna posibilidad de que saquemos una ley de prórroga del mandato de los magistrados porque eso violaría la Constitución. Entonces sí o sí este año tenemos que elegir, porque el 1 de enero se tienen que posesionar a las nuevas autoridades judiciales.

¿Cuál es la esencia de su propuesta de ley?

Hemos pensado en una herramienta que le permita al ciudadano abogado honorable que quiera presentarse, que sí va a tener la seguridad de que no se va a manosear su nombre, sino que vamos a hacer una elección meritocrática, para lo que necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil, a través de colegios de abogados, universidades, facultades de derecho, academia, asociaciones de jueces, de exmagistrados, esta élite de abogados tiene que acompañar a la Asamblea Legislativa, pero no únicamente el día que se tienen que hacer las preguntas, como en el caso del Defensor del Pueblo, lo que queremos es un acompañamiento íntegro, que estén desde el inicio de la convocatoria. Las comisiones no van a trabajar políticamente, sino con base en la meritocracia.

¿Cuál va a ser el poder de esas comisiones si los que van a terminar eligiendo van a ser los legisladores otra vez?

Esta comisión va a trabajar con nosotros, primero, para calificar la preselección para determinar si han cumplido con los requisitos habilitantes, luego se podrá impugnar. Posteriormente se pasa a la segunda fase, en la que esta comisión conjuntamente con nosotros va a analizar la meritocracia, si tiene un doctorado o una maestría, años de experiencia y cargos judiciales. Los que pasen ese tamiz van a ir a un examen de conocimiento, los que pasen de esa instancia van a ir a una resolución de caso y luego estamos viendo si se va a ir a una entrevista psicológica o vamos a contratar el servicio de un organismo internacional que haga perfiles, para ver el perfil psicológico de esa persona. Si tiene xenofobia, por ejemplo, no puede ir al Tribunal Constitucional. Por último, va a ir a una entrevista pública, donde va a defender su postulación.

¿Luego la comisión emite un informe sobre los ganadores y la Asamblea ratificaría la lista o puede cambiar?

Las dos comisiones, de Constitución y de Justicia Plural, que se van a dividir el trabajo, elevan su informe al pleno de la Asamblea, que no puede hacer una lista, sino que debe hacer la preselección de ternas de las listas trabajadas. En los hechos tendría que nombrarse a los tres primeros de la lista, pero también puede haber impugnaciones ciudadanas que hagan cambiar.

¿Qué le hace pensar que el MAS no va a manipular el proceso en el camino, tomando en cuenta que tiene mayoría? Si bien ahora no tienen dos tercios y están divididos, siguen siendo mayoría.

Necesitamos dos tercios, entonces yo tengo la certeza de que esta vez los partidos políticos van a hacer un renunciamiento a sus deseos de tener gente en el Órgano Judicial, porque estamos en un momento crítico. Creo que al propio Gobierno le conviene tener un Órgano Judicial que sea una garantía de sus derechos, porque este Gobierno va a salir cuando esas autoridades judiciales sigan en funciones y si son como los actuales, van a estar al servicio de los que sean electos en la próxima legislatura, como ha pasado con los actuales, que han estado al servicio de Evo Morales y han estado al servicio de Jeanine Añez.

Es decir, ¿los magistrados elegidos este año podrían juzgar al actual Gobierno en el futuro?

Desde luego. Entonces es una garantía para el actual Gobierno tener tribunales de primer nivel y cuando tengamos esos tribunales de primer nivel el 1 de enero de 2024, ahí recién va a empezar la verdadera transformación el sistema judicial, que va a durar seguramente 10 años. No es que llegan ellos y con una varita mágica se acabó el problema, no, es en cascada, vamos a ir con vocales, con todo hasta llegar al funcionario administrativo. Es una tarea difícil, pero yo creo que la garantía de nosotros es tener un Órgano Judicial digno, para cuando dejemos de ser parlamentarios.

Eso es pensar bien de la política, pero ¿no cree que el MAS está muy cómodo con este tipo de justicia porque le permite perseguir a sus opositores?

Esa es la pena. Lastimosamente, hemos visto sobre todo en el gobierno de Evo Morales, donde a todo rival político se le ha aplicado la ley del enemigo, el derecho penal ha sido utilizado para judicializar al enemigo político. Cuando uno se presenta al Órgano Judicial, uno deja su camiseta política en la puerta, porque uno siempre en su corazoncito debe tener algo, yo siempre he sido de izquierda, por ejemplo, pero mi camiseta se quedó en la puerta del Tribunal para aplicar los derechos humanos para todos, sean mis amigos o sean mis enemigos. Eso es lo que tenemos que lograr, seguramente esta elección no va a ser la panacea, pero tenemos que avanzar, no tenemos que perder la esperanzas, si no tendríamos la esperanza de que va a mejorar la justicia, tendríamos que irnos.

¿Usted ha firmado la propuesta de los Juristas para la reforma constitucional?

Indudablemente que voy a firmar, estoy plenamente de acuerdo en que tenemos que trabajar por una mejor posibilidad, yo también la asumo, pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados a esperar que llegue la convocatoria y que sea la comisión la que haga el reglamento de acuerdo a su medida, tenemos que tener las herramientas antes de la convocatoria.

¿El hecho de plantear una ley no es horadar la propuesta de los juristas?

No, porque esto va a servir incluso para cuando salga el proyecto de los juristas, porque tarde o temprano tiene que venir a la Asamblea Legislativa.

¿Sería como una ley reglamentaria?

Exactamente. Incluso el ministro de Justicia sugirió que solo debería hacerse un reglamento, yo le dije que es mejor una ley porque un reglamento puede hacerse entre gallos y medianoche en una comisión y luego con su mayoría va y se aprueba. No podemos permitir eso, por eso hemos ideado una ley, he pedido una audiencia con Juan del Granado para explicarle que esta propuesta no tiene por objeto perforar el proyecto de ellos, sino que puede servirles si se aprueba la reforma constitucional o si no pasa nada.

¿En qué instancia está el proyecto de ley?

Lo planteé en la legislatura 2021, pero no tuvo mayor acogida, pero luego hemos ido a todo el país a consensuar con los académicos, incluso con las víctimas de la justicia, y con todos esos insumos hemos hecho un nuevo proyecto de ley, que lo hemos presentado en diciembre del año pasado para la legislatura 2023, ni siquiera lo he consensuado con Comunidad Ciudadana, es del equipo de la jurista Silvia Salame, y todos los actores consultados en siete departamentos. El proyecto fue entregado a la Comisión de Justicia Plural y ahora está en revisión en el Ministerio de Justicia, porque la comisión tiene obligación de mandar al Ministerio de Justicia, estoy a la espera que se haga un pronunciamiento. Es obligación del Gobierno darle una solución al problema. Estamos contra el reloj, si quisiéramos apegarnos a los tiempos, en marzo tendríamos que estar sacando la convocatoria.