Abogados sugirieron este domingo que el pueblo en las calles y desde las instituciones exija a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) garantías de reclutamiento, donde se priorice la meritocracia e independencia al momento de calificar y seleccionar a los candidatos a magistrados para las elecciones judiciales de diciembre.

El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Julio Egüez y Fátima Tardío, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, participaron en el panel de Hagamos Democracia de la red Erbol, haciendo consideraciones previas al trabajo de convocatoria y requisitos de admisibilidad que deben tener los postulantes.

En diciembre los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cumplirán seis años de mandato constitucional y el Tribunal Supremo Electoral deberá organizar las elecciones en base a la lista de candidatos que le envíe la Asamblea Legislativa.

El trabajo de la Asamblea comienza a tomar cuerpo en momentos en que la clase política y los juristas han adelantado debate sobre la necesidad de cambiar la administración de justicia, muy venida a menos ante la sociedad donde el cuestionamiento a fiscales, jueces y magistrados ha puesto por los suelos el prestigio de la justicia boliviana.

Egüez indicó que, para esta elección, la Asamblea debe aprobar una ley y los requisitos de elegibilidad y como ninguna iniciativa podrá modificar la elección de magistrados por sufragio universal, el pueblo debe exigir que los postulantes deben acreditar méritos, capacidad, profesionalismo, experiencia, idoneidad, integridad ética y moral.

Más allá de que algún candidato tenga algún color político, lo importante es que los postulantes cumplan méritos académicos, trayectoria en la carrera judicial y que sean competentes o incluso deberían demostrar integridad económica para no elegir a un “magistrado yesca” y crea que está yendo a administrar una empresa y no justicia.

Considera que también se debe exigir se otorgue un buen presupuesto al Órgano Judicial porque de otra manera el problema de la independencia judicial no se va a solucionar al interior de la Asamblea.

Anunció que en los siguientes días enviarán una carta al presidente de la Cámara de Diputados Gerjes Mercado, entregando “la receta para mejorar la justicia que pasa por la Ley de Abogacía y la reforma de la Ley de Organización Judicial, donde se incorpora un artículo para endurecer las sanciones penales a la injerencia política.

“El pueblo debe exigir en las calles para que nuestras autoridades escuchen y atiendan que la justicia de a buenas o a empujones, si o si, los gobernantes actuales tienen que dar vía libre y comenzar a unificar criterios para llegar a un acuerdo transformando la justicia en cuanto a recursos humanos que es lo que está fallando”, indicó.   

Por su lado, Fátima Tardío, citando al constitucionalista francés Maurice Duverger, habló de la necesidad de pedir “garantías de reclutamiento” para que los elegibles sean los más idóneos en términos meritocráticos, éticos, experiencia y conocimiento a partir de la carrera judicial, lo que podría garantizar su capacidad para las funciones al que se postula.

Considera que también deberían existir “garantías de inamovilidad y garantías de ascenso” en el marco de la carrera judicial. Sostuvo que esas garantías de reclutamiento pueden asegurar independencia de los jueces frente a los asambleístas que votarán la preselección.

Sugirió tomar como referencia, la experiencia de otros países occidentales como Colombia, que tiene elevados índices de administración de justicia, o como el caso de Uruguay que tiene el sistema de “gobierno abierto” que se aplica en la preselección y selección de funcionarios públicos y judiciales.

Tardío cree que el Legislativo podría aplicar el sistema de “Asamblea abierta” para que todos los ciudadanos, colegios de profesionales e instituciones de la sociedad civil, puedan seguir a pie juntillas el proceso de selección.

Señaló que la convocatoria que vaya a sacar la Asamblea dará una pauta de cómo se va a desarrollar el proceso de selección y las características de calificación de los elegibles y, en esta fase, los colegios de abogados y las universidades pueden incidir.

Indicó que al existir una ley que fije los requisitos, se puede pensar en algún resultado favorable para mejorar la administración de justicia, sin necesidad de hacer grandes reformas a la Constitución. “Hay que incidir en los parámetros de selección, que caigan en los mejores y creo que el debate técnico debería incidir en la convocatoria que va a emerger de la Asamblea”, acotó.