Después de los derechos a la vida y a la salud, no puede existir un bien más preciado que el de la justicia, de esa justicia que esté conformada por hombres dignos y honestos, que obren solo movidos por dictados de su conciencia, que cultiven los altos valores de decencia, de amor inquebrantable por la familia y la sociedad, que posean amor propio, que el honor personal se encuentre en la cúspide de su vida y tal como decía el “docto” (no doctor) Ángel Ossorio y Gallardo “… y si éste sabe algo de Derecho no estará demás”.

Hoy, la desdicha ha hecho que en Bolivia ese modelo de jurista haya muerto. Es al torpe, al ignaro carente de probidad al que le han encargado tenebrosamente apoderarse de los tribunales judiciales para imponer simplemente un modelo político esclavizante.

Es la hora en la que se tiene que luchar por la libertad, es decir, por la independencia judicial; es una lucha demasiado difícil porque detrás de este infortunio se encuentra todo un monstruoso proyecto internacional. Es apremiante acudir a los libros de firmas si no se quiere caer en la dictadura total.

Es absolutamente seguro que los enemigos del pueblo impondrán infinidad de trabas y engaños para deslegitimar el proceso de rescate de la independencia judicial. El 25/01/2023 ya aparecieron portavoces gubernamentales, como el Ministro de Justicia, los diputados Adolfo Cuellar, William Torres y otros cuestionando mañosamente la recolección de firmas ciudadanas arguyendo que dichas firmas serán utilizadas políticamente. El mismísimo Tribunal Supremo Electoral está acudiendo a procedimientos dilatorios en plena época digitalizada para impedir que se logre un cambio en la administración de justicia.

Es encomiable la actividad de los ciudadanos que contribuyen en la recolección de firmas, pero en esta hora crucial no se puede incurrir en errores. Los antiguos políticos y magistrados debemos replegarnos porque esa permanencia como activistas de este proceso es un hándicap en favor de la tiranía, es un blanco perfecto para argüir que este no es más que un proceso político, cuando es enteramente ciudadano.

Para evitar malas interpretaciones que provoquen duda en la ciudadanía respecto al cambio judicial, constituiría un acto que exaltaría a los actuales promocionadores si efectuaran un juramento público, mejor si es notariado, declarando que: a) los que ya anteriormente ocuparon algún cargo en la magistratura no volverán a aspirar a tal situación; b) que el acopio de firmas ciudadanas para el logro de la reforma constitucional para cambiar la justicia no servirá para aprovecharse políticamente y reclutar gente a los fines de formar o resucitar algún partido político.

Así los operadores de la reforma judicial estarían libres de toda sospecha y se sabría que sus actos están exentos de fines subalternos y que están dirigidos única y exclusivamente al logro de una justicia independiente. Desde luego que legalmente nadie está prohibido de ocupar cargos ni a formar partidos políticos, pero no solo de ley vive el hombre, hay algo superior a la norma jurídica, es la ética, centuplicada ésta tratándose de la justicia. Primero, se debe ser decente, predicar y actuar con el ejemplo. Esta es la oportunidad.