Tensiones y oportunidades

Daniel Valverde Aparicio, Abogado y docente de la UAGRM

Bolivia es históricamente un lugar donde la política complica las cosas simples, donde generar acuerdos es señal de debilidad, agredir es más rentable que persuadir, y donde el culto al caudillo en todos los niveles, combinado con la adicción por el poder, estancan la gestión y la renovación de líderes e ideas. Esta es la principal razón por la que constantemente transitamos entre escenarios de estabilidad precaria o de confrontación.   

Con estos y otros matices, la política nuestra tendrá que administrar una coyuntura tensionada en primera instancia por la intensa trifulca que se libra al interior del MAS entre Evo Morales y el actual presidente. El uno impaciente por retornar al poder y el otro abiertamente decidido, no solo a continuar, sino también a disputarle el poder interno de esa organización política. Lo complicado es que la anticipada trifulca pre electoral, afectan de forma directa el funcionamiento del Estado y las decisiones que se toman en el gobierno. Ejemplo de ello son la división en la bancada parlamentaria oficialista en temas como las leyes del Censo, aprobación del presupuesto 2023, la forma y el momento de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. 

El 2023 tiene de por sí una agenda institucional y electoral muy pesada. A modo de punteo: están en curso las actividades pre censales que paralizaron Santa Cruz por más de 36 días. Llegará el momento en este año de debatir las preguntas de la boleta censal o de constatar la consistencia del trabajo que efectúa un INE, vergonzosamente expuesto en sus debilidades y omisiones. 

En términos electorales este es un año donde se cruza el referéndum por iniciativa popular impulsado por un grupo de abogados independientes a la cabeza de Juan del Granado y otros, con las elecciones judiciales marcadas para el último trimestre del presente año por el TSE.  Este será un tema central en esta gestión, puesto que la unánime demanda por mejorar el desempeño y las condiciones de la administración de justicia, exclamada desde dentro y fuera del país, se contraponen con el cálculo político o los intereses pedestres de quienes se benefician del oprobioso desempeño judicial, y procuraran desde algún despacho manipular fechas o emprender alguna que otra tarea cosmética de simulación.

El río del año 2023 traerá también piedras que hablan de revocatorios de mandatos, puesto que en el caso de los gobiernos territoriales (alcaldías y gobernaciones) se cumple una de las condiciones establecidas en la CPE que refiere que el revocatorio de cualquier autoridad electa, podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato. Existiendo en muchos lugares ambientes políticamente caldeados y descompuestos, es de suponer que pronto comenzarán las recolecciones de firmas.

En medio de este entramado, nos vamos aproximando al Bicentenario, con intensas demandas regionales, contiendas raciales y polarizaciones estériles a nivel de la sociedad civil, consolidación de nuevos epicentros urbanos, demográficos, productivos, que impulsan cambios en el eje del poder político hacia Santa Cruz. Todo esto va acompañado (en paralelo) de extraordinarias oportunidades para insertarnos y producir de mejor forma en la región y el mundo. Obligados estamos a intentar superar los déficits en cuanto diálogo, tolerancia, concertación, institucionalidad y respeto a las reglas del Estado de derecho, para sentar las bases de una reunificación y pacificación nacional que nos permita encarar de mejor forma los desafíos del futuro. La única limitación es que ello depende fundamentalmente de quienes ejercen el poder. ¡Que alguien se los diga! [P] 

El año de los revocatorios 

Wim Kamerbeek Romero, politólogo 

Como varios colegas habíamos apuntado en el libro Las Ciudades Votan (2022), las elecciones subnacionales también están inmersas en la polarización en Bolivia, en varios casos histórica, en otras no tanto. Considerando que las voces que proponen revocatoria de mandato para el presidente Luis Arce Catacora son escasas y marginales, la Ley 026 de Régimen Electoral dice que las autoridades subnacionales pueden ser sometidas a revocatoria de mandato bajo ciertos requisitos: para autoridades departamentales, se requieren las firmas del 25% del padrón electoral del departamento (que debe incluir 20% del padrón de cada provincia), en el caso de autoridades municipales, se requiere el 30% del padrón del municipio. Para la recolección de firmas, se otorga un plazo de 90 días, mientras que los tribunales electorales departamentales tendrían 60 días para verificar las firmas. 

Todo esto querría decir que, la segunda mitad del año, sabríamos qué municipios y departamentos estarían encarando referéndums de revocación a sus autoridades electas. Podríamos enumerar algunos lugares conflictivos: las gobernaciones de Beni, Chuquisaca y Potosí, y los municipios de La Paz, Santa Cruz y Sucre. Cada uno tiene características sociales distintas: Chuquisaca y Potosí, han acentuado el clivaje entre lo urbano y lo rural, con municipios urbanos que concentran un tipo de voto distinto al rural y además una concentración demográfica importante frente al área rural, además de sospechas y denuncias de corrupción o manejos irregulares, las autoridades de la ciudad de Santa Cruz y el departamento de Beni han tenido posiciones ambivalentes frente al conflicto por la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. El municipio de La Paz tiene una polarización notable en el partido que gobierna en la ciudad, como también entre Ejecutivo y Legislativo (con denuncias de corrupción en el medio), y en el municipio de Sucre, la diferencia entre el partido ganador y el segundo fue tan escasa, que además de revelar polarización en el municipio, también revela que aproximadamente 2/3 del electorado tiene un voto “antiMAS”. 

Sin embargo, nada de esto es tan lineal. Hay que revisar las relaciones políticas en cada una de estas instituciones. Por ejemplo, en caso de revocatoria de mandato, la Gobernación de Chuquisaca caería en manos del Movimiento Al Socialismo (con 16 de 21 asambleístas), mientras que, en Potosí, la Asamblea Legislativa Departamental tiene a 24 de los 32 asambleístas del mismo partido del Gobernador. En Beni, la Asamblea Legislativa tiene a más frentes: de 28 asambleístas, el MAS y la oposición tienen a 12 asambleístas respectivamente, y se suman los cuatro asambleístas indígenas. En el municipio de La Paz, donde el Concejo Municipal está dividido históricamente en dos, el Alcalde Iván Arias tiene además una bancada dividida (aunque esto podría decirse también de la bancada del MAS). Mientras en Sucre, un revocatorio de mandato al Alcalde, significaría que el nuevo alcalde tendría que decidirse entre la mayoría del MAS en el Concejo, con concejales de oposición denunciados por transfugio. 

Si a esto se suma que los Comités Cívicos están bastante débiles en el país, con la excepción de Santa Cruz, lo único que sí sabemos es que Santa Cruz podría tener un nuevo Alcalde, dado también que en el Municipio, el MAS no tiene una presencia importante y las luchas se dan históricamente entre frentes de oposición. [P] 

Crecimiento, inflación y empleo 

Antonio Oblitas Vedia, economista 

Establecer posibles situaciones futuras, sobre “Crecimiento, Inflación y Empleo” en nuestro país, resulta complejo, sobre todo por las crecientes tensiones e incertidumbres que experimenta. La economía atraviesa por una situación “frágil”, a la que se añade una crisis política resultado de “traumas” e “intentos” de venganza del gobierno hacia líderes, representantes y otros actores sociales de la oposición, cuya expresión más alta se vive en Santa Cruz, motor económico del país. Sumado a esto, problemas políticos en la relación del gobierno con el sector privado/empresarial, que afectan a los niveles de inversión y la dinámica económica del sector, limitando sus contribuciones en el desarrollo económico de nuestro país. 

Las proyecciones sobre el crecimiento del PIB, realizadas por el Banco Mundial y la Cepal, prevén que se tendrá una tasa de crecimiento del 2,9%. En cambio, el Fondo Monetario Internacional proyecta una tasa del 3,8%. El gobierno establece, para el 2023, un crecimiento del 4,8%. El grado de alcance de estas tasas de crecimiento, está condicionada y expuesta a la presencia de diversos factores, como eventos climáticos adversos, acceso a fuentes y financiamiento oportuno, incremento relevante de casos de covid-19, capacidad de pago de la deuda, entre otros.

Otra de las variables fundamentales que “refleja” el comportamiento de la economía es la inflación cuya tasa acumulada, en el 2022, fue del 3,1%, tasa considerada como “artificialmente baja” sobre todo por tres factores:

i) El incremento del precio de varios productos de la canasta básica de alimentos, que no ha sido detectado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) y se pierden en el promedio general, debido a que el IPC considera una cantidad muy grande de productos.

ii) El control de precios y la subvención de algunos productos como el combustible y los alimentos, financiados con deuda y recursos de las Reservas Internacionales Netas, mismas que van disminuyendo de manera significativa, reduciendo las posibilidades de continuar financiando para mantener una inflación “baja”.

iii) El tipo de cambio fijo del dólar, que permite comprar productos, de países vecinos, a precios bajos, contribuyendo a mantener una inflación “artificialmente baja”. Por tanto, las políticas económicas aplicadas consideran y tienen perspectivas de corto plazo y no de largo plazo, y se hace necesario tomar en cuenta, para evitar posibles descalabros económicos.

En cuanto al empleo, las actividades económicas que lo generan se han deteriorado por efectos del covid-19, inseguridad jurídica, posición adversa contra el sector empresarial, entre otros, así también, gran parte del empleo se genera en el sector informal, que no es de calidad, más bien es de sobrevivencia, poniendo al descubierto la situación de precariedad laboral. Sumado a esto: la ausencia de datos precisos para comprender la situación en la que nos encontramos; la fiabilidad sobre los niveles de aproximación a la realidad de los indicadores y las mediciones que se realizan sobre el empleo. 

Considerando estos aspectos, se puede afirmar que el crecimiento y la recuperación será lenta, con incertidumbre en el nivel general de los precios, afectando directamente a las familias. [P]