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Medio: El Diario
Fecha de la publicación: martes 31 de enero de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Referendos
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La cruzada nacional por la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para transformar estructuralmente la administración de justicia en Bolivia, iniciada por los Juristas Independientes, avanza firme y sólida, por la convicción ciudadana de haber llegado la hora de poner alto a la justicia manipulada y parcializada, sometida al poder político, con retardación crónica y altos niveles de corrupción, según comunicado de los letrados.
Señalan que la entusiasta y masiva adhesión de las ciudadanas y ciudadanos a la cruzada ha generado preocupación en quienes se benefician de la justicia en crisis; por ello, están desplegando una campaña de desinformación.
En ese marco, aclaram que la reforma parcial de la CPE por iniciativa popular, es única y específicamente para reformar el texto de 15 artículos que regulan la organización y funcionamiento del Órgano Judicial.
“Tiene la finalidad de iniciar el proceso de una transformación estructural, garantizando que tengamos jueces y magistrados independientes e imparciales, modificando el sistema de selección y designación de esas autoridades; garantizando la independencia y un servicio judicial digno con una asignación de un presupuesto mínimo del 3% del Presupuesto General del Estado (PGE)”, señala el documento.
Aseguran que la reforma parcial de la Constitución no es para dar lugar a que se abra la Constitución para introducir otras reformas.
“Se pretende descalificar esta cruzada nacional argumentando que supuestamente está desfasada y que el referéndum popular no podrá realizarse antes de las elecciones judiciales. Al respecto, cabe señalar enfáticamente que no existe desfase alguno, ya que, si los órganos estatales cumplen a cabalidad con sus funciones asignadas por la Constitución y los plazos establecidos en las leyes que regulan esta materia, el referéndum popular debe realizarse en el mes de agosto de 2023 y, de aprobarse las reformas planteadas, a partir de septiembre de 2023 debe implementarse el nuevo sistema de selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia”, señala el documento.



