Hay que dar pelea, pero hay que saber pelear y sobre todo descifrar bien cómo pelea el adversario. En política, como en cualquier otro campo, no es bueno ceder a las provocaciones.

Si el Gobierno estira al máximo la pita de las libertades democráticas y del respeto a los derechos humanos, la respuesta debería ser cautelosa, certera y rigurosamente apegada a las leyes.

Y no, no se trata de dar siempre la otra mejilla, a la espera de una nueva cachetada, sino de mantenerse dentro de las reglas, aunque el otro las viole con frecuencia para provocar una reacción equivalente y desproporcionada.

Hay hechos que indignan, como la introducción de una cámara espía en la celda del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; la trágica muerte en la clandestinidad y el abandono del expresidente de los cívicos potosinos, Juan Carlos Manuel Huallpa; la violenta represión policial contra marchas pacíficas en cualquier punto del país y la detención de manifestantes, entre otros abusos, pero eso no debe hacer perder de vista la necesidad de mantener la prudencia.

Para el Gobierno es importante que se vea a Camacho como un reo común y no como el símbolo de una causa más trascendente o de una lucha de mayor aliento. Y si para eso es necesario husmear en su intimidad para encontrar una acción, un gesto que sea funcional a la necesidad del desprestigio, entonces se hace.

Mientras más “común” sea Camacho y más centrada esté la polémica en torno a asuntos personales e íntimos, más inofensivo resultará el personaje y más acelerado su paso a un olvido parecido al que, lamentablemente, envuelve hoy a la expresidenta Jeanine Áñez.

Las teorías del golpe sirven para mostrar al adversario como un criminal antidemocrático y “justificar” o minimizar los atropellos a sus derechos. De paso, forzar la percepción pública para que la gente elija entre la defensa de personas “descalificadas” y el bienestar que puede resultar de una supuesta “normalidad”.

El objetivo es que la vida siga como si nada, como ocurrió en tiempos de Evo Morales, cuando exautoridades fueron encarceladas durante muchos años sin que nadie pudiera hacer algo por ellas. Algunos dejaron finalmente la cárcel por muerte o enfermedad y otros fallecieron víctimas de dolorosos exilios.

Lo cierto es que las redes de protesta nacional e internacional, cuando se trata de abusos en contra de personas que no tienen relación con la “izquierda”, por lo general no funcionan.

Pero incluso en esas circunstancias debe prevalecer la serenidad en la reacción. En ese sentido, advertir con un revocatorio del mandato presidencial para presionar por la libertad de Camacho no es lo más recomendable, aunque se trate de una figura constitucional vigente.

Independientemente de lo que digan las encuestas, que pueden o no ser favorables a esta iniciativa o reflejar lo polarizadas que están las opiniones políticas de la gente, el respeto al tiempo constitucional del presidente Arce, que concluye en 2025, debe ser una condición central para la lucha del bloque de oposición.

Hablar de revocatorio es ni más ni menos que ceder a la provocación y utilizar una palabra peligrosa, sencillamente porque puede ser interpretada como un sinónimo de “conspiración” y servir a la narrativa oficial.

Si quiere lograr sus objetivos, la oposición no debe abandonar nunca un lenguaje y una actitud escrupulosamente democráticos. Las demandas que están dispersas sobre la mesa, como el censo, el respeto a los derechos humanos, la liberación de los detenidos políticos, entre otras, tendrán plena legitimidad sólo si se respeta el mandato presidencial.

Hay que dar pelea, pero hay que saber pelear y saber que muchos de los excesos gubernamentales no necesariamente son errores, sino acciones deliberadas de provocación, a la espera de un golpe bajo que alimente su discurso. Por eso, cuidado con el revocatorio.