Con el objetivo de mantener el mismo esquema de corrupción en el sistema judicial, el gobierno y grupos afines buscan acelerar las elecciones judiciales con el procedimiento vigente, por lo que descalifican y desprestigian la iniciativa de Juristas Independientes de una reforma judicial para cambiar las reglas de designación de las altas autoridades. Pese a estos ataques, este grupo continúa con su proyecto y prevé un referendo para julio o agosto.

El ministro de Justicia, Iván Lima; el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; además de asambleístas nacionales del MAS e incluso el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteuffel, afirman que aplicar un nuevo proceso para las elecciones judiciales de este año es casi “imposible”.

“Es un trámite largo que podrá aplicarse en 2029, pero para esta elección judicial se debería hablar con seriedad al pueblo boliviano y trabajar en algo que se puede hacer: unir todos los esfuerzos y dialogar sobre la manera de elegir a los mejores candidatos”, indicó Lima en contacto con los medios estatales.

Adelantó que, para abril, en trabajo con el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, se tendrá a los 26 candidatos a magistrados.

A principios de enero, Hassenteuffel dijo que el Legislativo tendría que convocar al proceso de postulación y preselección de postulantes a lo sumo hasta marzo del presente año, para que 25 días después, de acuerdo al artículo 76 de la Ley 026, el Tribunal Supremo Electoral convoque al proceso electoral.

Etapas a superar

La iniciativa de los Juristas Independientes tiene que pasar por diferentes etapas: recolección de firmas, revisión de estas en el TSE y remitir al Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad de las preguntas, posteriormente a la Asamblea para la convocatoria a referendo.

Camuflados

El procurador Chávez descalificó el trabajo de los Juristas Independientes. Indicó que son viejos políticos camuflados que buscan retomar el cuoteo del Órgano Judicial.

“Son políticos camuflados de juristas independientes y uno a uno podemos ver sus nombres. Si me preguntan contestamos y debatimos con ellos”, dijo.

Cmplimiento

Los abogados Juan del Granado y José Antonio Rivera desvirtúan las declaraciones de los miembros del gobierno al indicar que, de cumplirse de manera rigurosa con los tiempos, la elección de magistrados puede hacerse bajo un nuevo esquema.

“Desmentido de los Juristas Independientes y de la Cruzada Ciudadana por la Reforma Judicial, desmintiendo falsedades y versiones equivocadas que intentan desanimar la masiva decisión ciudadana de firmar los libros para la transformación de la justicia en nuestro país”, refirió Del Granado.

Baja participación de ciudadanos

Para los comicios judiciales de este 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) destinará un presupuesto de 204 millones de bolivianos, 50 y 100 millones superiores a los de 201 y 2011.

En las judiciales de 2011, la primera, se tuvo por resultado que el 60 por ciento de los votos eran blancos y nulos.

En los comicios de 2017, los resultados fueron casi similares, además que en la oportunidad la participación ciudadana fue una de las más bajas.

Juristas aseguran que el referendo es posible

Los Juristas Independientes aseguraron que la cruzada para transformar la justicia avanza firme y sólida, pero que la masiva adhesión a este proceso preocupa a quienes se benefician de la justicia, por lo que despliegan una campaña de desinformación. Dijeron que los tiempos alcanzan.

Aclararon que se pretende descalificar esta cruzada nacional argumentando que supuestamente está desfasada y que el referendo popular no podrá realizarse antes de las elecciones judiciales, pero que se puede cumplir.

“Si los órganos estatales cumplen a cabalidad con sus funciones asignadas por la Constitución y los plazos establecidos en las leyes que regulan esta materia, el referendo popular debe realizarse en el mes de agosto de 2023 y, de aprobarse las reformas planteadas, a partir de septiembre de 2023, debe implementarse el nuevo sistema de selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia”, señalan.

Aclaran que esta iniciativa es ejercicio de la democracia participativa en la que no intervienen los políticos.