El grupo de Juristas Independientes afirmó que la cruzada nacional por la reforma del sistema judicial avanza "firme y sólida", pese a las descalificaciones a esta iniciativa. Por eso, aclararon que no existe un desfase en los tiempos para lograr ir a un referéndum constitucional, siempre y cuando, las autoridades estatales cumplas los plazos establecidos.

"Se pretende descalificar esta cruzada nacional argumentando que supuestamente está desfasada y que el referéndum popular no podrá realizarse antes de las elecciones judiciales. Desmentimos enfáticamente que exista desfase alguno, ya que si los órganos estatales cumplen a cabalidad con sus funciones asignadas por la Constitución y los plazos establecidos en las leyes que regulan esta materia, el referéndum popular debe realizarse máximo en el mes de agosto de 2023", refiere el comunicado público de este grupo de abogados.

La pasada semana, la bancada de senadores del MAS a la cabeza del parlamentario Luis Adolfo Flores desahuciaron la iniciativa y dijo que los plazos se cruzan con el calendario de preselección de candidatos a magistrados.

“Una vez que concluya el plazo de recolección de firmas, el TSE (Tribunal Supremo de Justicia) tiene que validar las firmas, posteriormente corresponde que este Órgano Legislativo elaborar un proyecto de convocatoria a referéndum, el cual debe elevarse a un control constitucional y por último aprobarse en la Asamblea, esta complejidad de procedimientos nos lleva a entender que esto se terminaría acelerando a finales de año primer trimestre del próximo año mínimamente”, sostuvo Flores.

Otro planteamiento que hizo el Ejecutivo, anunciado por el ministro de Justicia Iván Lima, fue que a través de un diálogo se logre acordar la forma de preselección de las altas autoridades del Órgano Judicial.

En respuesta, los juristas afirmaron que la forma de elección de los jueces y magistrados no es la única reforma que se plantea sino que también se busca "la adopción de un conjunto de medidas institucionales, presupuestarias, administrativas, legislativas y académicas, que permitan tener un sistema judicial que imparta justicia con prontitud, oportunidad, eficiencia, calidad y calidez".

Estas propuestas están incluidas en las cuatro preguntas aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el referéndum que solo tendrá paso si se consiguen un millón y medio de firmas, que representan el 20% del padrón electoral.

El votante podrá decidir si está de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución para garantizar una asignación presupuestaria mínima del 3% al Órgano Judicial con un 3%. También se votará para garantizar que las naciones y pueblos indígena originarios campesinos resuelvan sus conflictos jurídicos en el marco de aplicación de su derecho consuetudinario.

La última consulta está dirigida a crear la justicia de paz, con jueces de paz en cada barrio de las ciudades que puedan resolver de manera oportuna pronta y efectiva los conflictos menores.

Los Juristas Independientes también aclararon que esta iniciativa no está representada por partidos políticos, aunque el procurador Wilfredo Chávez manifestó que son políticos del pasado que ahora se denominan como independientes.