Bolivia solo superó en mejor calidad a Mauritania, Myanmar Nicaragua, Camerún, Egipto, Haití, Congo, Afganistán, Camboya y Venezuela. “O sea, Bolivia está entre los peores en cuanto a la calidad de su condición de Estado democrático y de derecho”, según especialista del Cedib

Miguel Miranda del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). Foto: ANF

El WJP monitorea ocho indicadores: limitaciones al poder estatal o partido hegemónico, los controles para los poderes gubernamentales sobre todo Ejecutivo; la ausencia de corrupción; la apertura del gobierno; la vigencia de derechos fundamentales; el orden y seguridad; la aplicación de leyes; la justicia civil; y la justicia penal.

De los cuales se desprende otros subindicadores con el objetivo de hacer una mejor medición. Por ejemplo, en el indicador sobre limitaciones al poder, el subindicador uno de control efectivo del legislativo al ejecutivo el país ocupa el puesto 122; en relación a la independencia del poder judicial y su capacidad de control efectivo al ejecutivo está en el puesto 135.

Entonces, ¿Cómo está la salud de la democracia en Bolivia? Miranda, coordinador del equipo de Incidencia en Derechos Humanos del Cedib, asegura que “está en terapia intensiva”, en sus elementos fundamentales, en su forma, estructura y respeto a las reglas básicas del juego “estamos en un momento de profunda crisis”.

La situación es crítica porque Bolivia está en un puesto muy cerca de los países considerados dictaduras como Nicaragua, Venezuela, aunque todavía el país está en un proceso de predictadura, comenta.

Observa que, pese a estas características, los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos son “muy tibios” y “timoratos” para alertar sobre lo que está sucediendo en el país.

“A nivel internacional se respira un aire de que en Bolivia la cosa no está tan mal”, sostiene el especialista en temas de democracia y derechos humanos del Cedib, precisa que la única institución “valiente” en su diagnóstico sobre el país es la Human Rights Watch (HRW), dice a la ANF.

Considera que esto sucede porque el gobierno de Luis Arce es visto como un “gobierno legítimo, popular y esto es muy peligroso porque parecería que esas instancias esperan muertos o grandes violaciones para poder actuar y eso es muy cuestionable”, insistió Miranda.

Asimismo, manifiesta que esta “pasividad” de los organismos respecto a la crisis de los Derechos Humanos, es parte de la crisis del Estado de derecho. Porque existe una “cáscara” en la imagen respecto que proyectan los gobiernos.

Cree que el gobierno de Evo Morales y el de Luis Arce han sido muy hábiles para mostrar una imagen de cumplimiento óptimo de los derechos, más aún en temas sensibles vinculados a pueblos indígenas, mujeres, niñez; el uso de símbolos para deslumbrar de que es un gobierno indígena.

Sigue vigente una falsa imagen y no se tiene una voluntad para leer los datos de los derechos humanos”, dijo, al plantear que uno de los retos de las organizaciones es volver a poner en agenda que la situación de los derechos y la democracia están en “riesgo y en alerta”.

Se ha perdido la visión respecto los DDHH

El monitoreo que realiza Cívicus sobre el espacio cívico con base en cinco categorías (abierto, estrechado, obstruido, reprimido y cerrado), ubica al Estado boliviano en la calidad de “obstruido”, es decir, que tiene un “alto deterioro” aunque para Miranda esta es una clasificación optimista porque el país es “casi un Estado terrorista”.

Esta organización mide el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de asociación, de reunión y protesta pacífica; derechos que en el país están siendo vulnerados sistemáticamente

De acuerdo a esta clasificación el espacio cívico está muy disputado por quienes detentan el poder, quienes imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales. Aunque existen organizaciones de la sociedad civil, las autoridades estatales las socavan, incluso mediante el uso de vigilancia ilegal, hostigamiento burocrático y declaraciones públicas degradantes.

Según el coordinador del Cedib, las restricciones al ejercicio de derechos en el espacio cívico no lo hacen a través de operadores estatales, sino con civiles afines a las estructuras partidarias, esto para demostrar que es un conflicto entre civiles.

“Son civiles, son funcionarios públicos no operan como grupos de choque facilitados por la Policía que no actúa cumpliendo su deber menos la fiscalía. Facilita, promueve acciones de terror que limitan estos derechos”, comenta.

En su opinión hay todo un escenario que demuestra este deterioro, por ejemplo, la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, vulnera todos los derechos, asimismo, se ha quebrantado estándares del debido proceso.

“Esto debería levantar las alertas máximas, si algo caracteriza la salud de la democracia es el ejercicio pleno de estos derechos”, sostuvo, porque la defensa de los derechos está más allá de las simpatías y de los factores políticos, la defensa debe ser en invierno y en verano.

Miranda sostiene que peligrosamente el “terrorismo de Estado” está ganando espacio, porque se ha debilitado a las instituciones, principalmente la “funcionalización de la justicia”. La acumulación de impunidad es un caldo de cultivo para que se naturalice y se normalice”

Critica que ahora la defensa de derechos está sujeto a intereses políticos, como ha sucedido con algunas organizaciones de la sociedad civil, ONG, que ahora están mermadas, autocensurándose, y se han “extraviado e incluso dudan si defender o no los derechos”

“Se ha perdido como el sentido de la defensa de los derechos humanos en sentido universal, y claro, eso también es parte de la crisis, tenemos instituciones debilitadas, dispersas, mermadas. Estamos perdiendo la noción de la defensa y ejercicio de los defensores de los derechos humanos”.

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