Medio: ANF
Fecha de la publicación: lunes 30 de enero de 2023
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Referendos
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Los Juristas Independientes denunciaron una campaña de desprestigio contra la iniciativa ciudadana que busca reformar la justicia boliviana y aseguraron que la propuesta no está a destiempo ya que el referéndum, si se cumplen los plazos establecidos, se realizaría en agosto de este año.
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La semana pasada inició la campaña para recoger 1.500.000 firmas en todo el país con el fin de lograr un referéndum para modificar 15 artículos de la Constitución Política del Estado
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La Paz, 30 de enero de 2023 (ANF).- Los Juristas Independientes denunciaron una campaña de desprestigio contra la iniciativa ciudadana que busca reformar la justicia boliviana y aseguraron que la propuesta no está a destiempo ya que el referéndum, si se cumplen los plazos establecidos, se realizaría en agosto de este año.
“Se pretende descalificar esta cruzada nacional argumentando que supuestamente está desfasada y que el referéndum popular no podrá realizarse antes de las elecciones judiciales. Al respecto, desmentimos enfáticamente que exista desfase alguno, ya que si los órganos estatales cumplen a cabalidad con sus funciones asignadas por la Constitución y los plazos establecidos en las leyes que regulan esta materia, el referéndum popular debe realizarse máximo en el mes de agosto de 2023 y, de aprobarse las reformas planteadas, debe implementarse el nuevo sistema de selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia”, indica el comunicado de los impulsores de la iniciativa.
A inicios de año, el ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que la propuesta del grupo de Juristas independientes está desfasada porque el proceso para la elección judicial empezará en marzo de este año.
La semana pasada inició la campaña para recoger 1.500.000 firmas en todo el país con el fin de lograr un referéndum para modificar 15 artículos de la Constitución Política del Estado relacionados a la administración y organización de la justicia en el país.
Estas reformas sugieren adoptar un conjunto de medidas institucionales, presupuestarias, administrativas, legislativas y académicas para que el sistema judicial imparta justicia con prontitud, oportunidad, eficiencia, calidad y calidez, desempeñando el papel de garantizar la seguridad jurídica, racionalizar el ejercicio del poder, pacificar la sociedad otorgando protección inmediata y efectiva de los derechos humanos y resguardando la democracia.
En redes sociales se vieron varias campañas de desinformación y desprestigio contra la iniciativa. Los impulsores del referéndum atribuyen el mal actuar a los que se “benefician de la justicia en crisis”.
“Esta iniciativa no es parte de la democracia representativa, en la cual intervienen los partidos políticos; es el ejercicio de la democracia participativa, en la que los ciudadanos nos expresamos directamente, lo que tiene que ser entendido por el TSE para modificar reglamentos burocráticos inaplicables al ejercicio ciudadano de la democracia directa”, indica el comunicado.
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