La comisión de juristas independientes y organizaciones que organizan la recolección de firmas para el referendo de reforma judicial, denunciaron en un comunicado que hay una "campaña de desinformación" contra esta iniciativa ciudadana.

Por ello, los juristas emitieron un comunicado explicando los alcances y motivaciones de la iniciativa para referendo.

"Se deja en claro que la reforma parcial de la Constitución por iniciativa popular, que estamos promoviendo, es única y específicamente para reformar el texto de 15 artículos de la Constitución que regulan la organización y funcionamiento del Órgano Judicial", señala el comunicado.

Aseveraron que no es cierto que esta iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la Constitución dé lugar a que se abra la Constitución para introducir otras reformas; pues, por mandato de la Constitución y Ley N° 026 del Régimen Electoral, en el referéndum popular que estamos promoviendo solamente responderán, mediante su voto, a las cuatro preguntas que ya fueron aprobadas por el Tribunal Supremo Electoral, referidas única y exclusivamente a la reforma de los 15 artículos de la Constitución que regulan la organización y funcionamiento del Órgano Judicial.

Señalaron que algunos sectores pretenden descalificar esta cruzada nacional argumentando que supuestamente está desfasada y que el referéndum popular no podrá realizarse antes de las elecciones judiciales.

"Al respecto, cabe señalar enfáticamente que no existe desfase alguno, ya que si los órganos estatales cumplen a cabalidad con sus funciones asignadas por la Constitución y los plazos establecidos en las leyes que regulan esta materia, el referéndum popular debe realizarse en el mes de agosto de 2023 y, de aprobarse las reformas planteadas, a partir de septiembre de 2023 debe implementarse el nuevo sistema de selección y designación de magistrados de los altos tribunales de justicia", apuntaron.

Esta iniciativa -aclararon- no es parte de la democracia representativa, en la cual intervienen los partidos políticos; es el ejercicio  de la democracia participativa, en la que los ciudadanos nos expresamos directamente, lo que tiene que ser entendido por el TSE para modificar reglamentos burocráticos inaplicables al ejercicio ciudadano de la democracia directa.