No cabe duda alguna que la iniciativa de los Juristas Independientes para reformar la justicia, mediante un referendo, es tan imprescindible que en los primeros días de recolección de firmas las personas han acudido masivamente a las mesas para dejar sus rúbricas en los libros. 

La sociedad boliviana comprometida con el Estado Constitucional de Derecho y con la democracia ha comprendido que ya no se puede tolerar un sistema judicial sumiso al poder y que, en consecuencia, carece de independencia e imparcialidad. 

La proliferación de magistrados y jueces no sólo sin la debida formación jurídica, sino con una nociva tendencia a la corrupción, a la obsecuencia con el poder y al prevaricato, ha derivado en la peor crisis judicial de nuestra historia y la conformación de un afilado cuanto peligroso aparato de persecución o lawfare, que actúa con saña contra los opositores, pero también contra los disidentes. 

No es una exageración afirmar que en este país una de las mayores desgracias es caer en las redes (garras) de la justicia podrida. Basta recordar los calvarios de José María Bakovic, el expresidente del Servicio Nacional de Caminos, con 76 procesos penales en su contra; de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, con 256 querellas de las que debía defenderse como pudiera o del médico Jhery Fernández, sentenciado a 20 años por un crimen que no cometió. Hoy, sólo Fernández ha sobrevivido a los estrados judiciales bolivianos. 

Para el poder no ha pasado desapercibida la gran convocatoria para la recolección de firmas. Y sus impresentables y ominosos guerreros digitales de las redes sociales han comenzado a mentir sobre esta iniciativa, al difundir que se busca abrir la Constitución para otros fines que no sean exclusivamente la reforma judicial; también circula la especie de que los resultados del referendo no alterarán las elecciones judiciales de octubre de este año o que se trata de una iniciativa promovida por la oposición. Nada de esto es cierto. 

Los Juristas Independientes han asegurado, en un comunicado, que el referendo podría efectuarse en agosto de este año, para que a partir de septiembre se aplique el nuevo sistema de selección y nombramiento en el Órgano Judicial, de tal modo que las elecciones judiciales, previstas para octubre, ya no sean necesarias, dada su excesiva politización y fracaso, pues muchos magistrados hoy ejercen sus cargos con menos del 5% de los votos. Finalmente, es mejor postergar estos absurdos comicios, que dan como resultado una justicia corrupta y sumisa al poder, hasta que se aplique lo que emane del referendo.