Un grupo de juristas independientes se ha propuesto la titánica tarea de reformar la justicia boliviana. Frente a esa cruzada, los ciudadanos comprometidos con la democracia, el estado de derecho y el bien común, lo mínimo que podemos hacer es apoyarlos poniendo nuestras firmas en los libros que exigen un referendo para cambiar parcialmente la Constitución Política del Estado.

Estos juristas, que ahora cuentan con el apoyo de decenas de ONG y de la Iglesia Católica para recolectar 1,5 millones de firmas en tres meses, plantean una reforma que prevé la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, que estará integrada por profesionales idóneos y que se encargará de preseleccionar las ternas de los futuros magistrados de las altas cortes del país. De esa manera, se busca evitar que un solo partido, que tiene el control de la Asamblea Legislativa, nombre a los candidatos por los que, luego, los ciudadanos son obligados a votar, tal como está establecido en la actual Constitución.

El proyecto prevé que los candidatos preseleccionados por esta Comisión de Postulaciones sean ratificados por la Asamblea y que luego el pueblo vote por ellos en un referendo ratificatorio.

Esto quiere decir que, cuando pongamos la firma en uno de esos libros, estaremos pidiendo que el MAS deje de nombrar magistrados a su gusto y antojo. Y es que, entre todos los males de la justicia, que son muchos, el de la politización es el peor, porque los jueces se ponen al servicio del Gobierno de turno, lo que luego deriva en persecución a los opositores y activistas.

Pero no sólo eso. Para que un juez sea maleable a los intereses políticos, es mejor que no sea probo, meritorio ni transparente; entonces, los elegidos para impartir justicia (seguramente no todos) son ciudadanos oscuros que no sólo cumplen con los dictados del poder, sino que incurren en corrupción, retardación deliberada e indolencia con todos los litigantes que caen en sus redes o consorcios.

Así, a diario somos testigos de aberraciones judiciales en contra de políticos y ciudadanos comunes. Por eso, una expresidenta está siendo procesada en la vía ordinaria, un gobernador electo está preso en la cárcel de máxima seguridad del país, un dirigente cívico acaba de morir en la clandestinidad por no haber podido acceder a atención médica y decenas de activistas, dirigentes y ciudadanos están presos por el solo hecho de haber marchado portando petardos o por haber participado en protestas que luego derivaron en violencia.

Y, entre los casos comunes, los delincuentes prontuariados son liberados, los feminicidas y violadores reciben tratos preferentes, las detenciones preventivas se prolongan por años, las víctimas son vulneradas en sus derechos y muchos inocentes están presos.

Por todo eso, es hora de decir ¡BASTA! y de poner nuestra firma en esos libros para exigir un cambio en la justicia boliviana.

Es probable que el planteamiento de los juristas no sea perfecto, que haya nuevas y tal vez mejores ideas, pero es destacable que un grupo de personas, aun sin un gramo de poder, se haya atrevido a hacer algo contra la injusticia.

También es probable que el pedido de reforma tropiece con una serie de obstáculos porque, antes de su materialización, debe pasar por el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa, pero al menos quedará claro que 1,5 millones de ciudadanos exigen un cambio urgente en el sistema judicial.

El gobierno de Luis Arce, hasta ahora, ha fracasado convenientemente en la reforma judicial, pero ante un contundente pedido ciudadano que puede tener efectos constitucionales, no tendrá otro camino que escuchar.

Hay quienes dicen que pedir una reforma judicial es una ingenuidad ante la crisis total del Estado; sin embargo, eso es levantar las manos y creer que, si no se tumba un gobierno o un modelo, no se puede lograr reformas parciales de nada.

La firma en un libro es una forma de reivindicar la ciudadanía activa y hacer uso de los mecanismos institucionales para exigir cambios en el Estado. Quedarnos de brazos cruzados ya no es una opción.