A propósito del modelo judicial fracasado ¿puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte, eficiente, en un Estado centralista y autoritario? ¿Puede el órgano judicial garantizar los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la inversión nacional e internacional y la paz social, etc. cuando tiene un verdadero control político y cerco presupuestario? ¿Puede combatir la corrupción, cuando hay jueces, magistrados y personal subalterno que incurren en actos ilícitos?

En un Estado centralista y autoritario no puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido. La concentración del poder no sólo se encuentra en la cultura política boliviana, sino que además está “blindada” en la propia Constitución (art. 172). También el gobierno nacional ha copado la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Estas instituciones si fueran realmente independientes, fuertes y sólidas, serían efectivas para luchar contra la corrupción pública, cáncer que siempre ha estado incrustado ¯haciendo metástasis¯ en la administración del Estado.

En el actual Estado “fallido” y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia. Al gobierno central le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido y enclenque para conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político. En efecto un sistema judicial fuerte, robusto, honesto, eficiente, transparente, etc. siempre limitará la angurria del poder y su inefable correlato: la criminalización de la política, la politización de la justicia y la ausencia de las garantías del debido proceso.

En realidad, un órgano judicial sin independencia no sólo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la Ley de la selva, sino también pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. El poder judicial está para combatir los abusos del poder político o de los particulares; sin embargo, hay casos donde se hace y se ha hecho exactamente lo contrario: la justicia ha sido el instrumento para abusar del poder.

Los sistemáticos abusos del gobierno se confirman cuando en la rendición pública de cuentas del TCP, finales de 2020, inicial de 2021, se establece que el 91,77% de las causas ingresadas en revisión al TCP corresponde a procesos en contra del poder judicial porque los jueces han vulnerados derechos fundamentales.

Otro de los grandes problemas es que la cobertura judicial en Bolivia no sólo que es limitada y deficiente sino inexistente para más del 50% del territorio nacional y de los gobiernos municipales. Según el informe sobre Estado de la Justicia en Bolivia de la Fundación Construir 2019, la cobertura del órgano judicial llega al 48% de los 339 municipios del país, la cobertura del ministerio público llega al 41% y la cobertura del servicio plurinacional de defensa pública llega al 29% de estos municipios. También el presupuesto judicial boliviano, apenas alcanza al 0,37% del presupuesto general del Estado. La pobre asignación presupuestaria judicial, constituye un elemento determinante para la sistemática degradación no solo del sistema de justicia, sino también del sistema político, los derechos y valores constitucionales.

Todos estos indicadores confirman que la “justicia” no ha sido una prioridad para la clase política boliviana. La situación es realmente crítica puesto que aumenta exponencialmente el trabajo, pero no existen las condiciones para resolver los grandes retos y desafíos que supone la transformación de la función jurisdiccional.

El estado crítico de la justicia boliviana trasciende las fronteras patrias. La Comisión IDH ya recomendó al Estado boliviano que “adopte las medidas necesarias para lograr la mayor cobertura posible de jueces, fiscales y defensores públicos, a partir de criterios que resulten de diagnósticos sobre las reales necesidades de las distintas zonas del país, tanto en población como en materias”, medidas que “deben incluir el apoyo presupuestario y humano para que además de la presencia física de la autoridad respectiva, se garantice su permanencia y la estabilidad de su personal”.

Y como las recomendaciones internacionales no son atendidas en su totalidad por el Estado y el poder judicial sigue en caída libre, la ciudadanía ha decidido volcarse a las calles a firmar libros y exigir un referéndum para transformar el sistema judicial.