El Gobierno está seguro de que las elecciones judiciales se realizarán este octubre sin llevar adelante una reforma judicial. Eso implica que el intento de recolección de firmas que impulsan Juristas Independientes para abrir la Constitución quedaría sin efecto, aunque surge la posibilidad de realizar un proyecto de ley para modificar el modo de selección de los candidatos a las principales entidades judiciales del país.

Ayer, el ministro de Justicia, Iván Lima, descartó que la reforma judicial que impulsan los Juristas Independientes se pueda aplicar para las elecciones judiciales, que deberían realizarse en octubre de esta gestión. La autoridad afirmó que la lista de candidatos para el Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional debe estar terminada en abril, por lo que en su criterio la iniciativa ciudadana quedaría fuera de los plazos establecidos.

“El Tribunal Electoral necesita en abril la lista para renovar las altas cortes en Bolivia. El mismo (Óscar) Hassenteufel, con la experiencia que tiene como presidente del Tribunal Electoral, nos dice que ese esfuerzo de Juan Del Granado y un grupo de juristas con suerte estará terminado el próximo año”, afirmó el ministro.

Lima fracasó en dos oportunidades con impulsar la reforma judicial en el país.

La semana pasada, el grupo de Juristas Independiente inauguró en todo el país el llenado de libros de actas para hacer posible la reforma judicial que proponen, esto vía modificación parcial de la Constitución mediante referéndum. Tienen un plazo de tres meses para recabar 1,5 millones de firmas.

Juan Del Granado, uno de los abogados de este grupo, aseguró que es posible que las elecciones judiciales de este fin de año se pueden realizar con nuevas normas y los nuevos jueces puedan tener un presupuesto suficiente para una “justicia digna”.

El jurista consideró que la recolección de firmas a nivel nacional demandará tres meses (hasta abril), que el registro informático en el Tribunal Electoral demoraría otro mes y, por lo tanto, la consulta popular podría realizarse entre julio o agosto de este año, antes de las elecciones judiciales que están programadas para octubre.

Tres filtros

Sin embargo, Lima detalló que la iniciativa de los juristas tiene que pasar por al menos tres filtros. Primero, lograr recabar el número de rúbricas que se requiere; segundo, el Tribunal Constitucional debe definir si esta reforma judicial es correcta y, tercero, la organización de un referéndum.

“Es un trámite largo que podrá aplicarse para el 2029, para la próxima elección judicial. Pero, para esta elección judicial requerimos ser realistas, hablarle con seriedad, con plazos al pueblo boliviano”, remarcó Lima.

Empero, también surgió la posibilidad de aprobar una ley que permita a entidades no partidarias seleccionar a los candidatos a magistrados con carácter vinculante para despolitizar el proceso y para que la Asamblea Legislativa simplemente los ratifique.

Esa posibilidad la confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, quien dijo - a título personal en entrevista con Página 7- que es posible que esta norma pueda destrabar el conflicto que existe para la elección de magistrados.

También esa posibilidad fue lanzada por un grupo de abogados constitucionalistas de Santa Cruz. En un punto de un acuerdo nacional propuesto por este grupo se establece que la selección de candidatos a magistrados se la puede resolver por la vía normativa, es decir, a través de un proyecto de ley.