Entendidos en derecho y justicia indígena originaria desahuciaron al referéndum impulsado por un grupo de juristas independientes, como un mecanismo directo para introducir cambios en la justicia a partir de este año, porque los resultados de la anunciada consulta recién se aplicarían a partir de 2029.

Uno de los juristas impulsores, Juan del Granado, a tiempo de celebrar la apertura de libros en todo el país para recolectar firmas de apoyo ciudadano, manifestó que se trata de una gran cruzada nacional que debería concretarse en tres meses. En ese tiempo deben reunir 1.5 millones de firmas para asegurar - según dijo - que las elecciones de este fin de año se realicen con nuevas normas y los nuevos jueces tengan un presupuesto suficiente para una justicia digna.

La iniciativa de los juristas independientes surgió en medio de la polémica política donde los opositores se siente víctimas de persecución política vía jueces y fiscales funcionales al MAS. Los juristas creen que el referéndum puede ser la vía para un cambio cualitativo y con ese propósito activaron el 25 de enero la campaña de colectar firmas en libros aprobados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El ministro de Justicia Iván Lima, recogiendo las declaraciones del presidente del TSE Oscar Hassenteufel, sostuvo que la agenda de los juristas independientes está desfasada, porque el Órgano Electoral ya dijo que necesita en abril la lista de candidatos a magistrados para organizar las elecciones judiciales en diciembre próximo.  

En ese contexto, manifestó que el esfuerzo de los juristas a la cabeza de Juan del Granado, con suerte estaría terminando en diciembre y si cumplen todos los requisitos, recién en abril del próximo año se estaría realizando el referéndum.  

Explicó que, para llegar a la consulta, primero deben reunir 1.5 millones de firmas, luego deberán esperar una decisión del Tribunal Constitucional que tiene que definir si esta reforma parcial es correcta o se debería ir a una Asamblea Constituyente y, finalmente si aprueban, recién llegaría la organización del referéndum.

“Es un trámite largo que podrá aplicarse el 2029, pero para esta elección judicial se debería hablar con seriedad al pueblo boliviano y trabajar en algo que se puede hacer: unir todos los esfuerzos y dialogar sobre la manera de elegir a los mejores candidatos”, declaró al canal estatal.

Lima garantizó que, junto al presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, trabajarán para que el país tenga en abril a los 26 candidatos a magistrados, en base una preselección adecuada y una votación de dos tercios de la Asamblea Legislativa.

CARDENAS: NO PODRÁN CAMBIAR

Por su lado el exviceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, sostuvo que “Juan del Granado y algunos dinosaurios jurídicos, pueden recoger miles de firmas y no lograrán cambiar la justicia, por tanto, lo único que quieren es una cobertura de prensa para un show mediático”.

En su criterio se mantendrá la votación universal para elegir magistrados y aseguró que “ni Juan del Granado ni todos los juristas independientes podrán mover para este año lo que dice la Constitución” sobre la forma de elección de los magistrados al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, más allá de la polémica, manifestó que fue un error del MAS haber aprobado la Ley de Deslinde Jurisdiccional que, si bien pone en la misma jerarquía a la justicia indígena originaria, “define en forma racista que los indios solo deben juzgar el robo de gallinas y ovejas y que otros delitos se ventilen en la jurisdicción ordinaria.

En ese plano, indicó que el “el ministro Iván Lima no hay leído lo que dice la Constitución porque hasta ahora no entiende qué tipo de justicia necesita el país, esto porque no ha sido constituyente ni político para tener una mirada más amplia. Ahora se debió dar cuenta que una reforma de justicia no es cuestión de pasiones sino de hechos”, añadió.

Entiende que se debería revisar la Ley de Deslinde Jurisdiccional y habilitar la justicia indígena originaria para otros delitos porque actualmente justicia indígena resuelve 300.000 casos sin que le cuesta un solo caso al Estado.

Dijo que el enfoque sobre la justicia está mal planteado desde el Ejecutivo y por ello considera que Lima debería dar un paso al costado porque un ministro no “puede seguir a prueba más de dos años y medio, peor sin tener un compromiso con el proceso de cambio”, manifestó.

ANALISTA OBSERVA “VENTA DE HUMO”

Por su lado, el abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz calificó como “venta de humo y una falsa reforma judicial” la campaña ofertada por un grupo de juristas independientes a la cabeza de Juan del Granado, en razón a que la propuesta de cambiar la justicia es “lenta, tardía, inoportuna e ineficiente porque no se aplicará de manera inmediata”.

Aseguró que a fin de año se elegirán las nuevas autoridades judiciales y la reforma de los juristas independientes, aún si se aprobara en un referéndum, recién se aplicará el 2029, cuando quizá “la mayor parte de los políticos opositores estén en exilio o estén presos y un pequeño puñado de políticos se queden en Bolivia para seguir peleado contra la injusticia”.

Cree que el cabildo nacional de cívicos, en lugar de amenazar con un revocatorio, debió instruir que todas las poblaciones elegir y proponer nombres de los mejores abogados y de esa manera podían haberle ganado de mano al MAS.

Lejos de aquellos criterios, Lima recordó que, sin necesidad de reforma judicial, el gobierno impulsó cambios estructurales en el Órgano Judicial, institucionalizando la Escuela de Jueces y aplicando cambios en los tres niveles de justicia.

Dijo que en el primer nivel se evaluaron a 1.000 jueces y en el segundo, se seleccionaron más de 100 vocales en base a criterios de idoneidad, y aseguró que el próximo diciembre se cambiarán a los 26 magistrados.

Añadió que para el primer nivel incrementaron 140 jueces y este año se sumarán 42 más y en agosto se graduarán 170 jueces de la Escuela Judicial, lo que indica que se está incrementado el presupuesto para abrir más juzgados pese a la época de crisis.