Se dice que la calidad de un gobierno depende de la calidad de la oposición. Es un aserto de dudosa pertinencia, pero lo invoco para hacer algunas reflexiones sobre la relación entre oficialismo y oposición. El MAS-IPSP controla el gobierno desde 2006, exceptuando un breve interregno (noviembre de 2019 a noviembre de 2020) bajo el mando de la oposición. En ese lapso, “la” oposición —en singular— fue un eufemismo porque después de lograr un objetivo común —la caída de Evo Morales y el desplazamiento del MAS-IPSP del gobierno— los actores institucionales (partidos) y extrainstitucionales (comités cívicos, iglesias, “plataformas”) que formaron parte de una coalición circunstancial optaron por actuar en solitario bajo el supuesto de que, sin Evo Morales, el MAS-IPSP sería irrelevante en las elecciones. Pagaron caro ese error analítico que se reduce a utilizar el vocablo “populismo” para explicar(se) todo y nada. Por eso postularon media docena de candidatos/ as como si se tratara de una disputa interna en las filas del campo opositor pero, ante las circunstancias —y las encuestas— varios se salieron del ruedo para evitar — vano propósito— la victoria del MAS-IPSP en octubre de 2020.

Esa fue la coyuntura ideal para que las fuerzas opositoras se agrupen en torno a una candidatura única y traduzcan su victoria política en noviembre de 2019 en supremacía electoral en los comicios de 2020. Empero optaron por la dispersión y, como consecuencia, los partidos con más trayectoria y consistencia organizativa (Unidad Nacional y Demócratas) quedaron marginados del espacio legislativo y fueron reemplazados por frentes electorales (Comunidad Ciudadana y Creemos) que tienen un derrotero incierto. Hubo remoción de siglas pero se mantuvieron los rasgos de la oposición tradicional: antimasista y neoliberal. Ahora bien, con los resultados de los comicios municipales y departamentales de 2021, el campo opositor se tornó más complejo por la irrupción de fuerzas ajenas a la oposición tradicional y que forman parte del campo nacional-popular (Eva Copa, Damián Condori y los aliados del MTS) o que asumen posturas equidistantes a la polarización entre oficialismo y oposición (vgr. Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández).

En esas circunstancias, ¿qué sentido tiene la convocatoria del cabildo de Santa Cruz para que la oposición (tradicional, supongo) encare un plan de “unidad” para enfrentar al MAS-IPSP en los comicios de 2025? Por ahora, esa convocatoria tiene un carácter meramente reactivo porque no está basada en una propuesta programática. Como dijo Rómulo Calvo: “Queremos una sola candidatura para derrotar a la dictadura. Una sola candidatura para recuperar la libertad y devolver la paz y la justicia”, es decir, se repite la fórmula discursiva de 2019 —libertad vs. dictadura—, pero esa interpelación no es eficaz porque ya no es verosímil y eso explica por qué el “cabildo nacional” se limitó a una región que —unas semanas antes— había aprobado resoluciones referidas a “replantear la relación política de Santa Cruz con el Estado”. En todo caso, resulta positivo que las élites cruceñas opten por transitar del “replanteamiento” a la disputa electoral y que convoquen a la formación de una coalición de la oposición tradicional porque, así, se alejan del rupturismo y apuestan a lo institucional, aunque deben comprender que sus posibilidades electorales no pueden depender del simple rechazo al MAS-IPSP sino de una propuesta alternativa de proyecto político que no sea mero anacronismo. Empero, el tiempo pasa (Pablo Milanés dixit).

Fernando Mayorga es sociólogo.