En 2011 y 2017 los bolivianos acudieron a las urnas para elegir, por voto popular, a los magistrados de los tribunales de justicia. Ambos procesos buscaban reformas a un sistema judicial en crisis que exigía cambios tras denuncias de corrupción y parcialización, pero el objetivo no fue logrado porque la Asamblea Legislativa, en la que el MAS tenía dos tercios de votos, preseleccionaba a los candidatos.

Para este año está previsto el tercer proceso electoral para elegir a los magistrados, pero al mismo tiempo, la sociedad civil, activistas, opositores y juristas independientes exigen cambios antes de ir a esas elecciones.

En ese marco, el grupo de Juristas Independientes impulsa una reforma constitucional, por iniciativa ciudadana, para crear la Comisión Nacional de Postulaciones, que esté integrada por personalidades notables a cargo de preseleccionar a los candidatos a magistrados, y para que la Asamblea Legislativa esté obligada a ratificarlos, con lo que se busca garantizar la independencia e imparcialidad. Luego, la ciudadanía iría a un referendo para decidir en última instancia quiénes serán los magistrados.

Los Juristas Independientes, con el apoyo de la Iglesia y de diversas ONG, han iniciado una campaña nacional de recolección de firmas en busca de lograr 1,5 millones de firmas (equivalentes al 20% del padrón electoral) para pedir la realización de un referendo en el que se apruebe el cambio constitucional. Para ello tienen 90 días de plazo.

Por ahora, al menos existe consenso en sentido de que el sistema actual ha empeorado la crisis. “El mecanismo de voto popular ha sido fallido. Han sido dos elecciones en el país que tenían la mejor intención constituyente de elegir magistrados vía popular que no han generado los cambios estructurales en la justicia. Contrariamente, se ha profundizado su crisis porque los que han llegado a la magistratura lo hicieron por su vínculo y cercanía al poder político. Los fallos que emiten son el mejor reflejo de ello”, opina el constitucionalista Israel Quino.

¿Cómo es la selección?

En octubre de 2011 se llevó a cabo por primera vez en el país, y en América Latina, la elección de autoridades judiciales por voto popular. Los ciudadanos debían elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, antes de que los ciudadanos decidan con su voto los candidatos a jueces, fueron seleccionados previamente por la Asamblea Legislativa, como instruye la CPE.

Esta preselección ha sido cuestionada, y lo sigue siendo, porque el MAS tenía dos tercios de votos en la Asamblea por lo que pudo seleccionar a los candidatos sin consenso con la oposición.

En 2017 se realizó el segundo proceso eleccionario tras cumplirse los seis años de mandato de los jueces electos con el mismo mecanismo. Para este año está prevista la tercera elección de magistrados por voto ciudadano entre octubre y diciembre.

En ambos procesos los votos en blanco y nulos superaron el 60%, pero sólo se tomaron en cuenta los válidos para elegir a los nuevos magistrados.

“El espíritu original de la elección judicial era democratizar la justicia, que los ciudadanos elijamos a nuestras autoridades judiciales. Sin embargo, la Constitución establece un proceso de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa. Ahí la Asamblea juega como juez y parte porque selecciona y luego designa a los candidatos”, explica el abogado Ramiro Orías, miembro de la comisión de juristas que busca las reformas a la Carta Magna.

El diputado oficialista Héctor Arce reconoce que la función y/o labor de los jueces es cuestionada y criticada, pero dice que no por ello es necesario modificar la CPE como pretenden los juristas.

“El procedimiento de selección ya está establecido. Considero que es un show mediático que intenta deslegitimar a la justicia. Entiendo que hay problemas con la administración de la justicia; pero es a destiempo, no van a cumplir con los plazos establecidos en la Constitución. Es una distracción para hacer ver que la justicia está parcializada, ése es el objetivo con la recolección de firmas. El pueblo elige a sus autoridades y así lo hará a través de su voto. Intentar hacer una reforma judicial para elegir a los magistrados, desde mi percepción, es a destiempo”, afirma.

Orías rebate esa postura indicando que “la elección no es meritocrática y donde le dan (mayor) puntaje es en la entrevista. Entonces, ponen mayor puntaje no siempre a los mejores postulantes, mientras que a los buenos los aplazan y los sacan de la competencia. Al final, no es una elección abierta donde los ciudadanos votan por el candidato que quieran, sino que tienen que optar por uno de los tres que la Comisión preselecciona”.

Comisión Nacional

El abogado constitucionalista José Antonio Rivera explica que la propuesta de reforma busca quitar la función de preselección a la Asamblea y delegar esa tarea a una comisión integrada por profesionales “idóneos”.

“Estamos proponiendo la creación de una comisión nacional de postulaciones, integrada por ciudadanos y ciudadanas profesionales de destacada y conocida trayectoria profesional y personal, y designados previamente con examen de competencia. Para que esa comisión, sujeta a una regulación y sobre la base de reglas preestablecidas, pueda seleccionar a los futuros magistrados comprobando las diferentes idoneidades que deben reunir los aspirantes a cumplir ese cargo”, aclara Rivera.

Esta comisión tendrá la tarea de seleccionar una terna de los mejores calificados; posteriormente deberá remitirla a la Asamblea para que en un plazo de 30 días realice la designación entre los tres seleccionados. Esa designación efectuada por la Asamblea, aclara Rivera, será puesta a consideración de los ciudadanos mediante un referendo ratificatorio en el que aprobarán o rechazarán esa preselección.

Las preguntas

El abogado Juan Del Granado, miembro del grupo de Juristas Independientes, está convencido de que están dentro de los plazos y tiempos para lograr el cambio constitucional antes de las elecciones judiciales, considerando que la recolección de firmas a nivel nacional les demandará tres meses (hasta abril), que el registro informático en el Tribunal Electoral demoraría otro mes y, por lo tanto, la consulta popular podría realizarse entre julio o agosto de este año, mucho antes de las elecciones judiciales que están programadas entre octubre y diciembre.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, cree que los tiempos no alcanzarán; por eso propone cambiar el sistema de selección mediante una ley.

De cumplirse las metas y tiempos planteados por Del Granado, las cuatro preguntas del referendo serían las siguientes: 1) ¿Está de acuerdo con cambiar la modalidad de selección y elección de magistrados supremos a partir de una Comisión Nacional de postulaciones? 2) ¿Está de acuerdo con un 3% de presupuesto inscrito en la Constitución con una renovación del Consejo de la Magistratura? 3) ¿Está de acuerdo con eliminar el deslinde jurisdiccional para devolverle sus competencias a la justicia indígena originaria? 4) ¿Está de acuerdo con instituir jueces de paz en todos los barrios de las ciudades para tener resolución de conflictos por la vía amigable y la equidad?

Los ciudadanos deberán votar por el Sí o No a cada pregunta. “Con estas nuevas normas se garantiza idoneidad e independencia de los magistrados”, asegura Del Granado.

Campaña nacional de recolección de firmas demanda presupuesto de más de $us15 mil

La campaña nacional para la recolección de firmas demanda un presupuesto inicial de 15.000 dólares (104.400 bolivianos) que estaría destinado sólo para la compra de los libros que están siendo distribuidos en las ciudades capitales, detallaron los impulsores de este proceso. Prevén la realización de una cruzada para recaudar más recursos que cubran otros gastos como pasajes, viáticos y contingencias.

“Hemos logrado la cotización de un dólar por libro. Es lo que nos está cobrando la imprenta. Hemos recaudado 5.000 dólares para el primer lote de 5.000 libros que ya está impreso y que se empezó a llenar el 25 de enero. Tenemos que hacer una campaña para recaudación de recursos para conseguir 10.000 dólares que cubran otros 10.000 libros y llegar a los 15.000. Es una acción voluntaria, los que están en las mesas son voluntarios”, aclara el abogado Juan Del Granado.

El director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, una de las instituciones involucradas en las reformas al sistema judicial, detalló que la campaña se sustenta por aportes personales e institucionales.

“No existe ningún financiamiento que esté cubriendo los gastos. Estamos en la impresión de los libros y vamos consiguiendo los recursos. Vamos a ver la posibilidad de hacer una pequeña campaña (para recolectar recursos económicos) para seguir con esto”, dijo.

El pasado 25 de enero se inició la campaña nacional para la recolección de firmas con miras a reformar parcialmente la CPE.

De acuerdo con la evaluación de los promotores de esta tarea, ya se distribuyeron 5.000 libros en las ciudades capitales. En tan sólo un día hubo libros que se llenaron y planean habilitar puntos móviles que lleguen a las provincias o zonas alejadas de cada departamento. Aseguran que hay libros en las principales plazas de ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Riberalta, Cobija y otros lugares.

“La gente respondió de manera muy importante en todo el país”, detalló Del Granado al día siguiente de habilitados los libros.