El miércoles, un gran cabildo ciudadano se realizó en todas las capitales del país y no importó algunos desmarques “porque hay que trabajar”: a pesar de cuentas garcialinéricas, los cabildos reunieron a una parte importante de la población que no necesita que le paguen para asistir.

Los cabildos plantearon demandas nacionales: amnistiar los presos políticos —activando un proceso de revocatorio en contra de Arce Catacora si no cumple esa exigencia— (Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Oruro); potenciar la recolección de firmas para reformar la justicia vía referendo constitucional (Santa Cruz, Oruro, Pando, Tarija y Beni); exhortar de la unidad de las fuerzas políticas opositoras y democráticas para las elecciones de 2025 (Santa Cruz, Oruro, Pando, Beni, Tarija y La Paz); crear Defensorías del Pueblo Departamentales (Santa Cruz, Tarija, Pando, Chuquisaca y Oruro), y rechazar la nueva currícula educativa (Potosí, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y La Paz).

También hubo consultas propias que cada departamento sometió a sus cabildos: en Santa Cruz se aprobó que la ALD elabore una ley para crear una guardia departamental que provea seguridad ciudadana y resguarde recursos y patrimonio departamental y se ratificó a Luis Fernando Camacho como gobernador; en La Paz se determinó defender la democracia, la libertad y la justicia, exigir la anulación de los procesos Golpe I y II, pedir la abrogación de Ley de la Educación, exigir el restablecimiento de la representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y solicitar mejorar el presupuesto para salud, mientras que en Cochabamba el cabildo ratificó que en 2019 hubo fraude electoral y exigió cerrar los casos Golpe I y II y una auditoría al padrón electoral; el cabildo orureño resolvió que se inicie una investigación de oficio en contra del expresidente Morales por sus acciones en Perú y que se procese a su exgobernador por los hechos de 2019; en Chuquisaca se aprobó exigir el cese de la persecución política, pedir un Pacto Fiscal para redistribuir los recursos, solicitar la detención inmediata de Morales por “los delitos cometidos en su gobierno y por la injerencia política en Perú” y exigir al Gobierno la independencia del Órgano Judicial, a la Policía y las FFAA que dejen de estar sometidos al partido de gobierno y que se declare Sucre como la Capital del Bicentenario.

Las determinaciones del cabildo de Pando fueron conformar un comité interinstitucional para fiscalizar todas las necesidades del departamento (carreteras, educación, salud, seguridad, alumbrado público y facturas de luz y agua); en Tarija el cabildo aprobó que el comité cívico y las autoridades autonómicas trabajen una propuesta para una “nueva relación entre el departamento y el gobierno nacional” hacia la construcción de un Estado federal. Por su parte, los asistentes en Potosí aprobaron procesar a los magistrados, jueces y fiscales corruptos y dieron un ultimátum de 15 días para que se apruebe la ley de recursos evaporíticos, se deroguen artículos de la Ley Minera y se desembolsen recursos para preservar el Cerro Rico; también exigieron se procese a Morales y sus ministros por “traición a la patria por la entrega de nuestros recursos naturales a potencias extranjeras”. Para finalizar, en el cabildo en Beni se decidió continuar la defensa del Tipnis y dar un plazo de 90 días al Gobierno para licitar la pavimentación para la carretera Trinidad-Guayaramerín.

Si bien algunas de las determinaciones han sido rechazadas definitivamente por el gobierno —amnistía de los presos políticos—, son difíciles de realizar —referéndum revocatorio contra Arce (necesita una ley específica por la ALP, posible sólo si se alíen evistas y oposiciones) y guardia departamental cruceña (recursos)—, algunas otras tienen un carácter profundamente simbólico —abrogación de la Ley Educativa, nombramiento de Sucre Capital del Bicentenario, preservación del Cerro Rico o ratificación de Camacho como Gobernador cruceño (aunque el ejercicio ejecutivo diario demandará un interinato de seguir aprehendido el titular)—, otras, como el referéndum para reformar la justicia, las Defensorías Departamentales y los reclamos sobre recursos naturales, salud e infraestructura, tienen buenas posibilidades.

Aunque los cabildos son formas reconocidas de ejercicio de la democracia (CPE, Art. 11), tramposamente para su validez necesitan de una ley nunca aprobada. Sin embargo (y a pesar de oídos que niegan oír), en todas las capitales del país (y en el extranjero) ¡Bolivia habló!