El resultado fue dispar y Santa Cruz vuelve a plantearse la utilidad de contar con el respaldo cívico nacional cuando es evidente que – salvo Tarija en todo caso y por el auspicio público – se trata de un movimiento decrépito y poco conectado con la realidad en la que vive. No es que el de Santa Cruz esté mucho más ubicado, pero ciertamente, en sus entrañas se mueven las verdaderas dueñas del poder social y económico de su región, algo que trasciende lo puramente democrático y es básicamente igual que lo que sucede en la poderosa Federación de Juntas Vecinales de El Alto, por ejemplo, aunque de otro color.

Santa Cruz vuelve a plantearse la utilidad de contar con el respaldo cívico nacional cuando es evidente que – salvo Tarija en todo caso y por el auspicio público – se trata de un movimiento decrépito y poco conectado con la realidad en la que vive

Los acuerdos nacionales fueron mínimos, aunque significativos, contradictorios y ciertamente, definitorios.

El primero - que en realidad fueron dos - fue pedir la reforma judicial que paralizaría la elección de los principales tribunales de Justicia y a la vez, garantizar su cuota con la selección de ternas departamentales.

El segundo tiene muchas probabilidades de convertirse en un autogol, pues pedir una Ley de Amnistía en 30 días y si no, amenazar con un revocatorio que tendría que validar un Tribunal Supremo que no está por la labor, y que tendría que ser con el censo del padrón antiguo, etc., etc., puede ser desgastante.

El tercero pidió encarecidamente la unidad de la oposición para emprender una batalla definitiva contra el MAS dejando de lado ya cualquier tipo de apariencia de neutralidad. Obviamente nadie engañaba a nadie, pero de ser un opositor militante a pedir una sigla concreta va diferencia.

A partir de ahí, el resto de departamentos se conformó en general con formalizar sus demandas perpetuas, ahora en documento de cabildo:  en Potosí el litio y el juicio por el Silala; en Tarija sus deudas históricas; en Beni Tipnis, etc., pero en Santa Cruz decidieron dar un salto más concreto y desafiante hacia delante partiendo de su determinación previa del cabildo del 13 de noviembre en el que se aprobó replantear la relación con el Estado.

El Comité Cívico lo concretó en dos leyes departamentales:

La primera insta a crear un Defensor del Pueblo departamental independiente del nacional, que básicamente es una figura de interés comunicacional, pero con poco poder real, por lo que no habrá mucho problema en que se implemente.

La segunda, sin embargo, viene a socavar el poder mismo con la creación de una policía departamental encargada de la seguridad ciudadana, una competencia exclusiva nacional que el Estado no podrá permitir, al menos de forma unilateral, y que puede dar lugar a crear gestapillos de alto riesgo para lo cohesión del país.

El gobierno ha optado por la mofa, pero con probabilidad el Comité Cívico tiene muy previstos todos los próximos pasos para consumar el desafío. Actuar demasiado tarde puede generar mayor convulsión; actuar desde la represión puede seguir alimentando el fantasma de la secesión. Es necesario que alguien reflexione y pare esta dinámica destructiva. Es necesario volver a recordar por qué estamos juntos.