Los principales líderes de la oposición han relativizado las propuestas del cabildo cruceño marcando distancias ante algunas aventuras inconstitucionales; en el MAS sí se presta atención al revocatorio

Después de la tormenta, llega la calma; otras veces, el silencio se vuelve atronador. A veces hay silencios poderosos después de una victoria y, otras veces, silencios pudorosos después de meter la pata. Ayer el Gobierno se desgañitó toda la mañana diciendo que el cabildo nacional del miércoles había sido un fracaso hasta que se dio cuenta del silencio.

La rotundidad de las preguntas del cabildo quedó ahí, flotando en un ambiente que se ha vuelto pesado y que ha abierto muchas más preguntas que respuestas, pues de nada sirve una demostración de fuerza – que fue discutible incluso en Santa Cruz – si no hay la capacidad política de llevarla adelante.

Fue elocuente que hasta entrada la noche, ninguno de los tres referentes de la oposición tradicional en Bolivia había hecho referencia a los puntos más delicados del cabildo en sus redes sociales. Carlos Mesa mantenía un tuit de apoyo a la estrategia de reforma judicial que lidera su amigo Juan del Granado; Samuel Doria Medina hablaba de “unidad, unidad, unidad” y Unidad Nacional, su partido, mientras Tuto Quiroga anda estos días enfrascado en sus “compromisos” internacionales. Incluso Óscar Ortiz se limitó a retuitear notas más o menos asépticas de su medio, como el heredero frustrado de los Demócratas, Vladimir Peña, que guardó silencio sepulcral.

Incluso el opositor no tradicional y directamente aludido, Luis Fernando Camacho, pareció cambiar de tema con la denuncia de la cámara espía encontrada en su celda, una denuncia que, de corroborarse, es especialmente grave.

Algunos atribuyen esta disparidad de reacciones a que, de todos los puntos señalados en los cabildos, el único que no requiere intermediación de algún órgano del Estado y es aparentemente el más fácil de materializar es el de la “unidad de la oposición”, la misma que todos llevan 15 años reclamando sin dar los pasos para ello.

Del resto, dudas entre los mismos ponentes. Después de lo aprobado nadie tiene claro si lo que se quiere es una reforma de la Justicia, vía referéndum, para encuadrar la propuesta de Del Granado que incluye notables, meritocracia y otros asuntos técnicos, o colocar candidatos amiguetes a través de las asambleas departamentales.

También hay consenso, en el caso de Santa Cruz, en que crear una Policía Departamental es inconstitucional y crear una Defensoría del Pueblo Departamental, un brindis al sol.

Así, la cuestión es el revocatorio, que en realidad se presenta como una consecuencia de un pedido imposible: que Luis Arce apruebe una Amnistía de la que se beneficien los “presos políticos”.

“En Bolivia no hay presos políticos; hay políticos que están presos por masacrar al pueblo en Sacaba y Senkata y dar Golpe de Estado, hay políticos que están presos por corruptos. De seguro si Arturo Murillo estaba preso en Bolivia decían que era un héroe de la democracia” ironizaba el viceministro Álvaro Ruíz, ferviente defensor de Luis Arce.

Las sospechas del Gobierno

Con cierta agudeza, el Gobierno sospecha que “con el revocatorio de mandato se busca acortar el mandato de Arce”, algo que la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón defendió en los diferentes foros ayer. “Se está revelando el verdadero afán golpista de recortar el mandato de un presidente legítimamente elegido para buscar la impunidad por estos sucesos que tienen que investigar”, afirmó en entrevista con el programa La Tarde En Directo de ERBOL.

Y es que, si bien el asunto no está teniendo especial repercusión y desde el cinturón de seguridad de Arce se ha pedido no entrar a la pelea y dejar que el asunto caiga por su propio peso, a nadie en ese mismo cinturón se le escapa que hay una parte importante del Movimiento Al Socialismo (MAS) que comparte objetivos con los cívicos: acortar el mandato de Arce es el camino más corto, dicen, para que Evo Morales vuelva al poder…