El cabildo en Santa Cruz resolvió exigir la aprobación de una Ley de Amnistía para los denominados “presos políticos”, la nominación de ternas para la elección de autoridades judiciales por parte de la Asamblea Departamentales y la creación de una guardia departamental en rechazo a la Policía y del Defensor departamental del Pueblo.

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la aplicación de los resultados del cabildo en Santa Cruz es inconstitucional, porque se pretende asignar a la Asamblea Legislativa Departamental competencias que le corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en lo relativo a la selección de autoridades judiciales.

En el cabildo en Santa Cruz se aprobó la orden para que la Brigada Parlamentaria de este departamento presente un proyecto de ley destinado a que las Asambleas Legislativas Departamentales elijan ternas de candidatos a las elecciones Judiciales.

También instruyeron adherirse a la campaña de recolección de firmas que busca nombrar a nueve notables para seleccionar ternas de candidatos, para que luego el Legislativo aprueba la lista de los candidatos a las elecciones judiciales.

“Buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del Estado y sólo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos”, escribió Lima en su cuenta en Twitter.

El cabildo cruceño también amenazó con un revocatorio de mandato del presidente Luis Arce si no se aprueba una amnistía para los que consideran “presos políticos”, como Luis Fernando Camacho, detenido por el caso “Golpe I”.

Desde el Gobierno descartaron atender este pedido porque no sería ir en contra de las víctimas y de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indagó los hechos de violencia y muerte antes, durante y después de la crisis de 2019.

“La Amnistía que se solicita para las personas imputadas por graves vulneraciones a los derechos humanos es contraria a la recomendación 10 del GIEI y a la uniforme Jurisprudencia de la Corte IDH  que prohíbe a los estados otorgar este beneficio a los autores de estos crímenes”, apuntó Lima.

Sobre la creación de una guardia departamental, señaló que según la Constitución, “la Policía Boliviana tiene mando único y es parte de las competencias privativas del nivel central del Estado”, por lo que “una guardia o policía departamental es inconstitucional”. “Conformarlas a ese nivel es un delito de orden público”, advirtió.

Finalmente, con relación a la implementación de un Defensor departamental del Pueblo en Santa Cruz, Lima también citó la Constitución y mencionó que ya se cuenta con un delegado defensorial departamental elegido por el Defensor del Pueblo. También recordó que autoridades de Santa Cruz intentaron nombrarlo, pero retrocedieron “por ser inconstitucional su propuesta”.