Milenka Parisaca / Ahora El Pueblo Digital /

La derecha mostró ayer, en el cabildo convocado por el líder del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, su verdadero interés de acortar el mandato del presidente Luis Arce y lograr impunidad por el golpe de Estado y las masacres de Senkata y Sacaba, dedujo este jueves la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

“Para nosotros nos parece el revocatorio un tema como objetivo político bastante complejo, pero devela lo que realmente quiere la derecha que es acortar el mandato que tiene el presidente Luis Arce, que tiene una votación de más del 55 por ciento; (con esto) tratan de buscar la impunidad por los hechos ocurridos en 2019”, dijo la autoridad en el programa Hola País de PAT.

Ayer los cívicos cruceños organizaron un cabildo supuestamente nacional, pero este solo tuvo respuesta en la ciudad de Santa Cruz. En el encuentro, los asistentes alentados por los dirigentes cívicos determinaron pedir amnistía para quienes consideran presos políticos, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro. En caso de no cumplirse la petición amenazaron con impulsar un proceso para revocar el mandato presidencial de Arce.  

En ese contexto, la viceministra Alcón puntualizó dos puntos clave para entender las demandas del cabildo cívico cruceño.  

Primero, con relación a los procedimientos contra Camacho, cuestionó que los cívicos le mientan a la población con falsedades de que son procesos inconstitucionales los que se le sigue al exlíder cívico. Ratificó que estos están enmarcados en la Constitución Política del Estado.

Como último punto hizo referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visita el país para hacer seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que pidió se haga justicia por las violaciones a los derechos humanos en las masacres de Sacaba y Senkata.

Especificó que en el punto 10 de las recomendaciones del GIEI establece “la inaplicabilidad de normas de amnistía”, y exige al Estado justicia, con el debido proceso, para las víctimas de los hechos que derivaron a las masacres.

“¿Qué le vamos a decir a las familias que buscan justicia por lo ocurrido en este periodo, por las más de 36 muertes; a los mil detenidos sin el debido proceso; y estamos hablando también de las torturas y perseguidos que se ha tenido”, cuestionó.

En esa línea afirmó que el Gobierno es respetuoso de los derechos humanos por lo que fue quien invitó, a partir de un convenio, a una mesa de seguimiento de las recomendaciones del GIEI, para cumplir con el debido proceso.

“Ahí están las respuestas y a las concentraciones que se han tenido en el país. Reducidas en ocho departamentos, no han tenido convocatoria y había que preguntarse ¿por qué?; y, en lo que se refiere a Santa Cruz, se muestra el verdadero interés que tiene la derecha en Santa Cruz.