La Paz, 26 de enero de 2023 (ABI).- “Muchas de las demandas aprobadas en el cabildo cívico son inconstitucionales y apuntan a la impunidad de quienes gestaron el golpe de Estado en 2019”, cuestionó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

Para el Gobierno, la convocatoria cívica de ayer miércoles fue reducida y tuvo como eje central la búsqueda de impunidad para la violación de los derechos humanos y las masacres de 2019, que va en contra de la recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un tema en el que el Gobierno no cederá.

“Existen recomendaciones del GIEI y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se tienen que cumplir, hay víctimas en Bolivia que claman justicia”, afirmó Alcón.

Apuntó que el informe del GIEI respecto de lo ocurrido en 2019 establece 36 recomendaciones, y una de ellas, la 10, manda “garantizar la inaplicabilidad de las normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.

El cabildo, cuestionó, exige “liberar a los presos políticos”, lo cual, al igual que muchas de las demandas, son inconstitucionales.

La viceministra rememoró que en Bolivia existieron graves violaciones a los derechos humanos y 36 fallecidos en 2019, y “tiene que haber una reparación integral y justicia”, agregó.

Los cabildos, según Alcón, solo registraron un punto de concentración mayoritaria en la ciudad de Santa Cruz; pero en el resto del país la asistencia osciló entre 500 a 1.500 personas.

Consideró que los cívicos cruceños, liderados por Rómulo Calvo, no tuvieron la respuesta que esperaban en su intento de expandir al resto de Bolivia su estrategia de conflictividad para buscar la libertad del excívico Luis Fernando Camacho, encarcelado en Chonchocoro.

Las demandas fueron distintas en las diferentes reuniones, aunque coincidieron en la exigencia de amnistía para quienes consideran presos políticos, entre ellos Camacho y Jeanine Áñez.

Además de la creación de una guardia departamental, elegir a un defensor del pueblo, aprobar ternas para la elección de autoridades judiciales y lanzó la amenaza de revocatoria del mandato del presidente Luis Arce de no darse paso a su demanda de amnistía.

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