Era previsible que tanto en Santa Cruz como en el resto del país se llevaran a cabo cabildos en protesta por la actual crisis política, derivada de la violenta aprehensión, calificada como secuestro por la dirigencia cívica cruceña, del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, hoy con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde cumplen sus condenas los reos más peligrosos del país.

En la cita deliberante del Cristo Redentor, se arribó a una conclusión central, sujeta nuevamente a la condición de un plazo fatal, como ocurrió durante la crisis del censo, cuando la capital oriental protagonizó protestas graduales y sucesivas que terminaron en un paro indefinido de 36 días, que si bien se inclinó a favor del pliego cívico de demandas dejó consecuencias negativas tanto en la economía regional como nacional.

Esta vez los congregados en el cabildo aprobaron que se gestione un revocatorio para el presidente Luis Arce Catacora si es que en 30 días no decreta una amnistía o libera a los presos políticos del país. Según las cifras que manejan los cívicos potosinos, hay más de 180 disidentes en el país, entre los cuales se ha incluido al gobernador Camacho y otras personas que hoy están privadas de libertad debido a la justicia corrupta y politizada.

Pero el cabildo cruceño de ayer ha manifestado casi un antiprograma de gobierno, si se considera que se han exigido leyes para el funcionamiento de una Policía departamental -dados los excesos en la represión que derivaron, por ejemplo, en la muerte de Erwin Chávez-; una norma para la constitución de un eficiente Defensor del Pueblo con competencia regional (una vez comprobado el notorio silencio del titular de esa institución); el apoyo a la recolección de firmas de los Juristas Independientes para un referendo, cuyos resultados no se aplicarán a las elecciones judiciales de este año, por lo cual la reunión deliberante propuso que las asambleas departamentales elijan ternas para magistrados y, finalmente, se ha solicitado a los partidos políticos opositores que presenten un proyecto único.

Cada región ha agregado sus demandas específicas, como una ley del litio, la salvaguarda del Estado de Derecho o que no se aplique la nueva currícula que busca adoctrinar más que educar, entre otras exigencias. 

El Gobierno ha demostrado que busca desgastar la protesta cívica y ganar conflictos por la vía del cansancio, pero deberá dar una respuesta en 30 días. Lo más probable es que el primer cuatrimestre de 2023 esté lleno de conflictos.