En el masivo cabildo realizado a los pies del Cristo Redentor de Santa Cruz se aprobó dar un plazo de 30 días al Gobierno nacional para aprobar una ley de amnistía para liberar a los más de 180 presos políticos, caso contrario se impulsará un revocatorio contra Luis Arce. 

"¿Están todos de acuerdo en exigir al gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía de un plazo no mayor de 30 días que determine la liberación de Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos de Bolivia? ¿En caso de incumplimiento están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce Catacora a partir de mayo próximo, por constituir su gobierno un régimen dictatorial y antidemocrático?", preguntó Calvo en su quinta consulta ante el cabildo.

El cívico cruceño citó que entre los presos políticos se encuentran Camacho, la expresidenta Jeanine Añez y el cívico potosino Marco Antonio Pumari. Los tres fueron protagonistas en las movilizaciones poselectorales de 2019 que terminaron la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la sucesión constitucional de Añez. No obstante, el MAS afirmó que se trató de un "golpe de Estado", por lo que inició una serie de procesos judiciales.

Camacho fue detenido de manera preventiva desde fines de diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro, acusado de terrorismo en el caso "golpe de Estado".

Por otra parte, el cabildo aprobó la pregunta que exige que en las elecciones generales la oposición se presente unida, con un solo candidato, para no dispersar el voto y favorecer al oficialista Movimiento Al Socialismo, tal como sucedió en los comicios de 2020.

Entre las otras preguntas planteadas en el cabildo de encuentran la creación de una Guardia Departamental, que reemplace a la Policía Boliviana "criminal y corrupta", a través de una ley que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

También a través del mismo mecanismo, Calvo preguntó al cabildo si es que estaban de acuerdo con la creación del Defensor del Pueblo Departamental, para que realice una defensa y un monitoreo de los derechos y garantías.

La tercera consulta estuvo destinada a dar su apoyo a la reforma judicial a través de un referéndum de modificación parcial de la Constitución Política del Estado, una labor que demorará por los trámites que se tienen que hacer, como la recolección de más de 200 mil firmas en el departamento de Santa Cruz.

Por el factor tiempo, Calvo consultó al cabildo si es que mientras se apliquen los resultados del referéndum de reforma judicial, la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz promueva la aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que proponga una terna de candidatos a autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura y ya no sea el poder político el que realice ese proceso de selección.