Para el Gobierno central, la convocatoria cívica para el Cabildo Nacional del miércoles (25) fue “reducida” y tuvo como eje central la “búsqueda de impunidad para la violación de los derechos humanos y las masacres de 2019”. Además, afirman que “lo que verdaderamente persiguen” es acortar el mandato del presidente Luis Arce Catacora.

Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación, consideró que los cívicos cruceños, liderados por Rómulo Calvo, no tuvieron la respuesta que esperaban en su intento de expandir al resto de Bolivia su “estrategia de conflictividad” para buscar la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, encarcelado en Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre.

"No se ha logrado la convocatoria, la adhesión que han intentado posicionar, que han intentado también algunos medios de comunicación generar a través de los espacios, a través de las convocatorias y no ha tenido la adhesión nacional", aseguró Alcón en declaraciones que recoge la agencia nacional de noticias ABI.

Las demandas fueron distintas en las nueve regiones del país, pero coincidieron en pedir amnistía para los presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, quien se encuentra con detención preventiva en un penal de máxima seguridad en La Paz.

Según Alcón, esta resolución va en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagó los hechos de violencia y muerte antes, durante y después de la crisis de 2019.

La recomendación 10 del GIEI instruye al Estado: “Garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos identificadas en este informe o en casos similares”.

“Lo que se está viendo es que se está tratando de buscar la impunidad, acá se tiene que cumplir el proceso respetando el debido proceso, por eso invitamos a organismos internacionales”, insistió Alcón, en alusión a la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ver, justamente, el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del GIEI.

En la misma línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la aplicación de las resoluciones del cabildo en Santa Cruz es inconstitucional, porque le pretende asignar a la Asamblea Legislativa Departamental competencias que le corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional en lo relativo a la selección de autoridades judiciales.

Durante el cabildo en Santa Cruz, el líder cívico Rómulo Calvo formuló la siguiente pregunta:¿Están ustedes de acuerdo con dar el mandato a la Brigada Departamental, para que, en el marco de la Constitución Política del Estado, presente una ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que permita que las asambleas legislativas departamentales elaborar y aprobar ternas autonómicas para preseleccionar a candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros del Consejo de la Magistratura?

“Buscar implementar estas decisiones por parte de la Asamblea Departamental afecta las bases esenciales del Estado y solo puede ser resultado de una Asamblea Constituyente que debe aprobarse por dos tercios de votos”, explicó Lima en un mensaje a través de su cuenta en Twitter.