El gobierno del presidente Luis Arce minimizó el cabildo nacional, pero denunció que se cometen delitos al proclamar la creación de una guardia en el departamento de Santa Cruz.

"Ustedes han visto las imágenes en la ciudad de La Paz, no pasaban de las 1000 personas, en Pando y en Beni (hubo) concentraciones muy reducidas, movilizaciones que se han realizado en el resto del país que no pasaban de las 1000 personas y eso siendo muy benevolentes" afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

Decenas de personas se movilizaron hoy en las nueve capitales de departamento para rechazar la persecución política del presidente Luis Arce y la liberación de lo que consideran son "presos políticos" como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari; la expresidenta Jeanine Añez y otras 180 personas.

Se registraron cabildos simultáneos, en Santa Cruz en el momumento al Cristo Redentor, en La Paz en la calle 21 de Calacoto, en Cochabamba en la plaza de las Banderas, por ejemplo.

Alcón cuestionó a varios medios que habrían sobredimensionado la magnitud de la movilización. "Si hablamos de La Paz, que sólo 1000 personas que tomen una decisión (...) por dos millones sólo en La Paz, entonces hay que entender en la magnitud que sucedió" refrendó.

Consideró que las concentraciones fueron "reducidas" o "muy reducidas" en ocho departamentos al margen de Santa Cruz que se han expresado en contra de la Constitución como la propuesta de crear una guardia departamental o un Defensor del Pueblo departamental.

El ministro de Justicia, Iván Lima, expresó que esta propuesta se constituye en un delito de orden público. "De acuerdo al art. 251 y el art. 298 párrafo I, num. 6 la Policía Boliviana tiene mando único y es parte de las competencias PRIVATIVAS del nivel central del Estado. Una guardia o policía departamental es inconstitucional. Conformarlas a ese nivel es un delito de orden público", publicó en su cuenta de Twitter.

"De acuerdo al art 222 numeral 9 de la Constitución y la Ley 870 art. 14 numeral 12, el Delegado Defensorial Departamental debe ser elegido por el Defensor del Pueblo. Ya la Asamblea Legislativa de Santa Cruz intentó nombrarlo y retrocedió por ser inconstitucional su propuesta" reforzó.

En los cabildos también pidieron que el presidente Arce dicte una amnistía para los perseguidos políticos de lo contrario se activaría un proceso de revocatorio de Arce Catacora.

"La Amnistía que se solicita para las personas imputadas por graves vulneraciones a los derechos humanos es contraria a la recomendación 10 del GIEI y a la uniforme Jurisprudencia de la @CorteIDH que prohíbe a los estados otorgar este beneficio a los autores de estos crímenes" respondió el ministro de Justicia.

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