El diagnóstico está planteado hace muchos años. El estado de la justicia es deplorable en el país. No es independiente del poder político, el cáncer de la corrupción está incrustado y ha hecho metástasis, el presupuesto es ínfimo y abre las puertas a la compra de cargos y hasta de conciencias; la retardación es la norma y la eficiencia es la excepción. Eso, solo para mencionar algunos de sus problemas. Todos saben que necesita una reforma de fondo, pero la iniciativa no ha salido de las estructuras del poder. La que sí avanza es la de los juristas independientes, que son abogados probos que han hecho consultas y que le hacen una propuesta al país.

Los juristas independientes han estado trabajando en una reforma a la Constitución Política del Estado sobre el tema específico de la justicia. Para lograr este cambio se necesita el respaldo del pueblo. Y estos abogados hicieron el trámite para que el Tribunal Supremo Electoral autorice la apertura de libros en los que se espera que firmen un millón y medio de ciudadanos, para llevar adelante un referéndum nacional. La cruzada empieza hoy y debe acabarse lo antes posible.

Este referéndum planteará cuatro preguntas a los bolivianos. La primera demandará aval para que en la selección y designación de los altos magistrados de la justicia no intervenga el favor político, sino la evaluación pública de la probidad e idoneidad. Con esta opción se pretende eliminar la postulación de funcionarios serviles al poder de turno que, al ser elegidos, responden más al “padrino” que al pueblo que necesita justicia.

La segunda pregunta propone elevar el presupuesto de la justicia a un 3% por año, bajo la administración de un Consejo de la Magistratura institucionalizado. La tercera pregunta plantea que se den las condiciones para que los pueblos indígenas resuelvan sus controversias en el marco de la aplicación de su derecho consuetudinario. Finalmente, la cuarta pregunta busca la creación de tribunales de paz en cada barrio del país, a fin de resolver problemas menores, sobre la base de la equidad, con lo que se puede evitar la retardación de justicia y los gastos innecesarios.

Se trata de la iniciativa más seria y profesional que se ha presentado hasta el momento. Hay que recordar que el ministro de Justicia propuso una cumbre para reformar la justicia cuando se hizo cargo de la cartera, pero no cumplió el objetivo, mientras la administración de justicia se iba hundiendo en el lodo cada día un poco más.

Cuando las instituciones del Estado no funcionan, como ha sido el caso con el tema de la justicia, es la sociedad civil la que asume el reto de llevar adelante el cambio aún contra la corriente; es decir, contra los obstáculos que pone el Gobierno para que la transformación avance.

Está claro que el tema no le interesa al poder político, que ahora utiliza la justicia como una espada de daño al enemigo y de corrupción antes que como un instrumento para brindar un servicio al pueblo. Al Gobierno le conviene tener un sistema judicial en crisis permanente, porque así tiene a jueces y fiscales dóciles que son capaces de cualquier cosa con tal de mantener la pega y otros privilegios.

Pero un referéndum le devuelve el poder al pueblo. Los ciudadanos deben saber que de ellos depende que haya un proceso para modificar la Constitución y sanar el sistema judicial. El objetivo de sus impulsores es que esta consulta popular se realice antes de las elecciones de magistrados que, de realizarse, terminarán en un nuevo fiasco y se profundizará el abismo de injusticia que impera en Bolivia.