
La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una serie de encuentros con el objetivo de evaluar el avance de las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019. Para hoy, miércoles, está prevista su llegada a Sucre, donde se reunirá con autoridades judiciales, de tribunales electorales y víctimas del sur del país.
El comisionado Joel Hernández García encabeza la delegación que se quedará en Bolivia hasta mañana, jueves. Ayer, martes, mantuvo su primera reunión. Fue con el ministro de Justicia, Iván Lima; con el embajador de Bolivia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, y con el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
AGENDA DE TRABAJO
Según Lima, en el encuentro se concluyó con una agenda de trabajo que permitirá continuar con la evaluación de la CIDH y entregar un informe final de medio término en marzo de 2023, al cumplirse el primer año de la mesa de trabajo creada con el organismo.
El 22 de marzo de 2022 se constituyó la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI (Meseg-Bolivia) con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones. Según el Ministro, la labor de seguimiento tomará dos años.
Lima agregó que se dio un informe en primera instancia sobre el cumplimiento del primer año desde la firma de dicho acuerdo.
“Estamos en un momento de evaluación, el 22 de marzo (de 2023) cumplimos el primer año de esta mesa de trabajo y estamos seguros de que la información que ellos reciban nos va ayudar a mejorar e implementar todas las recomendaciones. Ese es el objetivo”, remarcó la autoridad.
Este miércoles, según lo previsto, la misión se reunirá con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa; con los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y también con grupos de víctimas del sur del país y con vocales de tribunales departamentales electorales.
La visita a Bolivia finalizará el jueves con reuniones en la ciudad de La Paz con legisladores de la oposición, con grupos de la sociedad civil y con víctimas de Sacaba, Senkata y El Pedregal, dijo Lima.
En el marco a las 36 recomendaciones emitidas por el GIEI se identificaron tres áreas: atención a las víctimas, justicia para las víctimas, y políticas públicas.
CONFRONTADOS
El ministro de Justicia, Iván Lima, discrepó con el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien consideró “deficitario” el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la entidad defensorial respecto al esclarecimiento y la reparación de las vulneraciones de derechos humano en el conflicto poselectoral de 2019.
El Defensor presentó un informe de seguimiento este martes y sostuvo que solo dos de las diez recomendaciones que hizo esta entidad fueron cumplidas.
El Ministro consideró que el reporte del Defensor carece de información y cuestionó que Callisaya supuestamente esté tratando de confrontar con la exdefensora Nadia Cruz, que ahora es Viceministra de Igualdad de Oportunidades.