Los juristas independientes, la fundación Jubileo de la Iglesia católica y un conjunto de plataformas ciudadanas han iniciado una singular “Cruzada Nacional” para recuperar a la justicia boliviana. Todo este esfuerzo se debe a que el Gobierno se opone a transformar el sistema judicial, pese a las recomendaciones internacionales y a reconocer que el modelo de justicia actual ha fracasado.

Los casi 20 años de los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce, pasarán a la historia no solo como casi dos décadas perdidas para la justicia boliviana, sino también en donde se ha judicializado la política y se politizaba la justicia. A esta conclusión se puede llegar si se toma en cuenta que el sistema judicial está literalmente colapsado, erosionado por la corrupción y en medio de un descrédito total.

La cruzada busca la independencia del Órgano Judicial para erradicar los abusos del poder político. En los últimos tiempos vemos cómo, por ejemplo, el Gobierno se inventa procesos penales para vulnerar los derechos fundamentales de los opositores políticos, y esto constituye una amenaza para el Estado Constitucional de Derecho y el sistema democrático, que reconoce el orden constitucional y el sistema internacional de los derechos humanos.

La recolección de firmas, que promueve el movimiento ciudadano, busca un millón y medio de firmas para concretar un referendo, y así lograr la transformación de la justicia. Se trata de recolectar el número de firmas correspondientes al 20% del padrón electoral nacional, y al menos 15% de ese padrón corresponde a cada departamento. Aunque la exigencia legal son 15.000 libros, se deben llenar 17.000 libros (puede haber errores y partidas observadas) y cada libro contiene 100 partidas. El trabajo tiene que hacerse en 90 días, y en 378 puntos a nivel nacional.

La cruzada nacional, que se inicia el 23 de enero, ha sido aprobada por el Tribunal Supremo Electoral, como órgano rector, encargado legal de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales. Llama la atención, no obstante, que el órgano rector de los procesos electorales se haya decantado por el arcaico llenado a mano de libros, con todas las dificultades que supone movilizar un verdadero ejército de ciudadanos en los distintos lugares del territorio nacional.

El Tribunal Supremo Electoral podía (con un poquito de voluntad política y vocación democrática) autorizar la utilización del registro biométrico, como se hace en todas las elecciones generales. El sistema de registro biométrico debe actualizar el registro electoral y elaborar el padrón electoral para cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato nacional, departamental, regional y municipal, así como las personas habilitadas para votar.

El padrón electoral es el sistema de registro biométrico de todas las bolivianas y bolivianos en edad de votar, y de los extranjeros habilitados por ley para participar en las elecciones. Este registro debe contar con nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, grado de instrucción, domicilio, nacionalidad, país, departamento, provincia, municipio, territorio indígena originaria campesino y localidad de nacimiento, asiento y zona electoral, recinto de votación, etc. El biométrico debe tener registrada la población total, debidamente actualizada y alimentar con la información que sea necesaria al Órgano Electoral. También depura de forma automática entre los ciudadanos que pueden participar en el proceso electoral, esto es, quiénes están habilitados y no habilitados, quiénes pueden ser y no pueden ser candidatos, etc.

El llenado a mano de los libros es un proceso burocrático, poco amigable y supone un menosprecio además a la moderna tecnología. Como ha venido ocurriendo en los últimos procesos electorales, debe utilizarse la tecnología de punta porque facilita y permite gestionar cualquier evento electoral en tiempo récord y se fortalece la institucionalización y modernización del Estado. El desafío es generar confianza, simplificar procedimientos y posibilidades de control en el manejo del padrón electoral, obtener resultados y la interacción con los ciudadanos.

Que el Tribunal Supremo Electoral haya dispuesto que toda la recolección de firmas y llenado de libros para realizar un referéndum, que busca reformar la Constitución, tenga que hacerse a mano en pleno siglo XXI, supone un retroceso histórico y un atentado al propio sistema democrático y una frustración para el ciudadano