Hechos como los siguientes: Que el juez que ha sido encargado de definir si se procesará a la expresidenta constitucional Jeanine Añez por la vía ordinaria haya sido aprehendido en dos ocasiones en 2022 sindicado de haber favorecido a autores de feminicidio y asesinato mediante acciones ilegales de libertad.

Que el juez que ordenó el arresto del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fuera destituido por “faltas gravísimas” por el Consejo de la Magistratura.

Que para justificar este uso humillante del sistema judicial el ministro de ¿Justicia? reivindique, palabras más o menos, como acto de justicia el ejercicio de la venganza.

Que mientras esos jueces actúan de esa manera en Potosí, el gobernador de ese departamento es beneficiado con libertad por otro juez, pese a la existencia de serios delitos de corrupción en la compra de ambulancias fantasmas para su región.

Que en un proceso por acoso laboral comprobado, la primera sentencia de un juez en Cochabamba haya salido favorable al acusado (dirigente del MAS), pero que a los pocos días el mismo juez busque “equilibrar” la sentencia, porque resulta que la demandante había sido también del MAS, pero con amigos de menor influencia dentro de ese partido.

Son sólo cinco casos, de los miles que desde 2009 se han presentado, que dan cuenta de que el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Policía han dejado ser instituciones que acatan el mandato constitucional de garantizar la convivencia pacífica entre los bolivianos, el cumplimiento de la ley y la seguridad ciudadana. Más bien, se han convertido en instrumentos de represión política y extorsión en favor de los líderes y militantes del partido de gobierno.

Esto, sin duda, debe parar, y en ese camino, el miércoles comenzará la recolección de firmas ciudadanas para realizar un referendo constitucional dirigido a recuperar la dignidad y misión constitucional del Órgano Judicial.

La iniciativa ha sido organizada por “Juristas Independientes” y siguiendo los pasos dispuestos por la Constitución Política del Estado han logrado que el Órgano Electoral avale los dos primeros pasos fundamentales. Uno, aprobar las preguntas que se hará a la ciudadanía y la recolección de firmas que permitan organizar el referendo como tal en el que la ciudadanía las responderá con un sí o un no.

Como han explicado los promotores, su propuesta se basa en los siguientes cimientos: que los jueces supremos tengan méritos, independencia y experiencia; constitucionalizar un presupuesto judicial del 3% para lograr un servicio digno, eliminar el “deslinde jurisdiccional en la Constitución para tener una justicia indígena que efectivamente atienda a los pueblos originarios” e instituir la justicia de paz para que en los barrios los vecinos no tengan que acudir a los jueces, fiscales y abogados.

Para ello, proponen un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular, la inscripción en la CPE de un porcentaje mínimo de presupuesto (3%) para el Órgano Judicial, y la revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz.

El desafío está dado. Se trata de un primer paso en un largo camino con muchos obstáculos, particularmente el de ganar pacíficamente a los portavoces del autoritarismo y la indignidad, y llegar a un estadio en el que sobre el respeto al ser humano se construya una sociedad más inclusiva, democrática y pacífica.