Bolivia, un país hermoso, diverso y de grandes potencialidades. Sin embargo, es históricamente un lugar donde la política complica las cosas simples, donde generar acuerdos es señal de debilidad, agredir es más rentable que persuadir, y donde el caudillismo, en todos los niveles, anticipa disputas electorales, estancando la gestión y renovación de líderes. Sumado a la ausencia de verdaderas organizaciones políticas (partidos) conjugan la ecuación perfecta por la que constantemente transitamos entre escenarios de confrontación o muy precaria estabilidad.

Con estos y otros matices, la política nuestra tendrá que administrar una coyuntura tensionada en primera instancia por la intensa trifulca que se libra al interior del MAS entre Evo Morales y el actual presidente. El uno impaciente por retornar al poder y el otro abiertamente decidido no solo a continuar sino también a disputar el poder interno y representatividad de esa organización política. Lo complicado es que la anticipada trifulca afecta de forma directa el funcionamiento del Estado y las decisiones que se toman en el Gobierno. Ejemplos de ello son la división en la bancada parlamentaria oficialista, divergencias internas en temas como el censo, la aprobación del presupuesto 2023, los operativos judiciales, o los anuncios de purgas internas.

El 2023, tiene de por sí una agenda institucional y electoral muy pesada. A modo de punteo están en curso las actividades precensales que paralizaron Santa Cruz por más de 36 días. Llegará el momento en este año de debatir las preguntas de la boleta censal o de constatar la consistencia del trabajo que efectúa un INE que quedó vergonzosamente expuesto en sus debilidades y omisiones. Para no hacer un listado extenso, en términos de las instituciones estatales en todas las instancias y niveles, tenemos severos déficits que van en ruta contraria a los desafíos y potencialidades de nuestro país y su gente. ¿Será tiempo de comenzar a revertir esta situación a partir de esta gestión? Tendríamos.

En términos electorales este es un año donde se cruza el referéndum por iniciativa popular impulsado por un grupo de abogados independientes, ciudadanos e instituciones que se ven sumando, con las elecciones judiciales marcadas para el último trimestre del presente año por el TSE. Este será un tema central en esta gestión, puesto que la unánime demanda por mejorar el desempeño y condiciones de la administración de justicia, exclamada desde dentro y fuera del país, se contraponen con el cálculo político o los intereses pedestres de quienes se benefician del oprobioso desempeño judicial, y procuraran desde algún despacho manipular fechas o emprender alguna que otra tarea cosmética de simulación.

El río del año 2023 trae también piedras que hablan de revocatorias de mandatos, puesto que en el caso de los gobiernos territoriales (alcaldías y gobernaciones) se cumple una de las condiciones establecidas en la CPE que refiere que la revocatoria de cualquier autoridad electa, podrá solicitarse cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo de mandato. Existiendo en muchos lugares ambientes políticamente caldeados y descompuestos, es de suponer que pronto comenzarán las recolecciones de firmas.

Entre medio de este entramado nos vamos aproximando al bicentenario, con intensas demandas regionales, reclamos legítimos de mayor equilibrio, contiendas raciales y polarizaciones estériles a nivel de la sociedad. Paradójicamente, esto acontece cuando se generan extraordinarias oportunidades para producir e insertarnos de mejor forma en la región y el mundo.

Estamos obligados a intentar superar los déficits en cuanto a diálogo, concertación, tolerancia, institucionalidad, desconfianza en la administración de justicia y respeto a las reglas del Estado constitucional de derecho, para sentar las bases de una reunificación y pacificación nacional que nos permita encarar de mejor forma los desafíos del futuro. La única limitación es que ello depende fundamentalmente de quienes ejercen el poder.

¡¡¡Que alguien se los diga!!!