Hace poco más de una semana fue inaugurado el Año Judicial 2023 en Bolivia y el acto transcurrió sin la presencia del presidente Luis Arce, que en cambio eligió participar en la inauguración de una estación piscícola en el altiplano paceño. Esta ausencia es llamativa en año de elecciones de las principales autoridades del Órgano Judicial, y también porque se trata del acto más importante de uno de los cuatro poderes del Estado. Es casi como que el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia no asistiera a la sesión legislativa en la que el primer mandatario brinda su informe a la nación.
Amén del desaire, comenzó el año en el que los bolivianos deben ir a las urnas para elegir por voto popular a las principales autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. Pasaron seis años del anterior proceso electoral, en el que ganaron los votos nulos y blancos; fueron unos comicios marcados por el ausentismo y por la falta de credibilidad de la ciudadanía.
En extensos mea culpa, los inventores de las elecciones judiciales bolivianas coinciden en que se trata de un proceso fallido. No se lo puede calificar de otra manera cuando los supuestos elegidos tienen ínfimos porcentajes de apoyo, después de ser candidatos apadrinados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y escasamente conocidos por la ciudadanía. Pero en al menos cinco años, a partir del reconocimiento del error constitucional desde el Estado y del partido en función de Gobierno, no se hizo nada para modificar el método de elección de magistrados.
En la inauguración del Año Judicial, el ministro de Justicia, Iván Lima, reconoció que el de este 2023 será un proceso complejo. El MAS no tendrá dos tercios de votos en el Órgano Legislativo para elegir a candidatos afines que figuren en la papeleta. Este paso demandará un debate y un acuerdo entre diputados y senadores del oficialismo y la oposición. La pregunta es si serán capaces de dialogar, ceder y llegar a puntos de encuentro para viabilizar la elección.
A su vez, los juristas independientes continúan impulsando el referéndum para modificar la Constitución en lo referente a la elección de estas autoridades.
Pero el resultado de la consulta popular probablemente no se conocerá antes de las elecciones judiciales, lo que condena a Bolivia a tener nuevos comicios fallidos (con ausentismo y una gran cantidad de votos blancos y nulos) en un momento en el que hay total pérdida de credibilidad en el Órgano Judicial y todos sus estamentos.
La independencia judicial se convierte en una utopía en las actuales condiciones. La radiografía la hizo el relator de NNUU, Diego García-Sayán, quien con meridiana claridad habló del sometimiento de la justicia al poder político y la precariedad con que se desempeñan la mitad de los jueces en Bolivia: son interinos y no tienen el cargo asegurado, lo que los hace presa fácil de la manipulación de sus decisiones desde el Poder Ejecutivo.
El país se ha acostumbrado a vivir con inseguridad jurídica. Y en esas condiciones comenzó el año judicial. Y en ese contexto, también, se dio la ausencia del presidente Arce al acto de apertura del Año Judicial 2023, precisamente el más importante de este poder del Estado, que requiere de una urgente reforma.
Al respecto, lamentablemente pasa el tiempo y no hay avance. Está claro que a los políticos no les interesa porque tienen a jueces sometidos que mueven sus fallos al calor de la música que les ponen, precisamente, desde las más altas esferas del poder. Por eso, los cívicos del país ya han resuelto oponerse a su realización: otra razón para que este tema sea motivo de conflicto.
Más allá de toda especulación, en las últimas horas ha empezado a correr el rumor de que el Gobierno podría dictar un decreto que posibilitaría la prolongación del mandato de las actuales autoridades judiciales en el país. ¿Será? Amanecerá y veremos.
