¿Se requerirá firmas para acometer  una reforma judicial  cuando es insostenible la presión  de la población que exige  una reforma de la justicia  con impronta disruptiva?

El pueblo exige una reforma no simplemente corrigiendo o mejorando  aspectos administrativos. Toda reforma propiamente dicha debe ser entendida como una mejora sensible en un rasgo social particular, en este caso la justicia y sus operadores, más bien en un  aspecto funcional, es decir un cambio radical con ruptura brusca de la rutina que ocasiona un cambio determinante.

La manida costumbre  bastante reverencial de apoyarse  en los criterios de consultores  o funcionarios internacionales que notoriamente no conocen la idiosincrasia y el entramado difícil de la justicia boliviana y de sus operadores no es la medida acabada de una reforma. Se dice que hay injerencia  política en la justicia que es una afirmación real y veraz, además de incontrovertible, empero, seguirá existiendo injerencia política después de una reforma, entonces ¿Cómo se soluciona este endémico tema definitivamente? solo existe una  manera efectiva y es la formación moral y académica de los jueces  que, con estas elevadas cualidades, rechazarán por convicción  interna y dignidad cualquier atisbo  de injerencia  o a la injerencia  política directa.

Para lograr este ansiado objetivo se debe comenzar por la base formando  una nueva generación  de operadores judiciales y, para asumir el sensible cargo de impartir justicia, deben superar  satisfactoriamente  exigencias invariables y  drásticas en el rendimiento personal, es decir, académico, arte de saber hacer y  la disposición  incólume  de no contaminarse  con la corrupción, apuntalados por  su asimilada conciencia moral que es el detente más  valioso  y efectivo  cuando se debe juzgar a las personas con equidad  plena, aplicando  e interpretando los ordenamientos jurídicos actuales con dedicación de apostolado y luego de esa encomiable y proba labor por los demás, pasar a la historia como un servidor público ejemplar.

No corresponde  indicar que el presupuesto para la justicia es exiguo pues es superior a otras actividades importantes para el desarrollo del país, además que las remuneraciones a los jueces  son satisfactorias  en equiparación  con las condiciones de vida y los indicadores económicos del país. Pagar más a los jueces nunca garantizará  una justicia imparcial, sólo  una conciencia moral  acabada y sólida  apoyada por un conocimiento jurídico siempre en evolución y estudio constante; un buen juez o abogado  debe estudiar toda su vida  por la naturaleza de la actividad y la dinámica de las sociedades, amén de la perfección continua del delito.

No puede haber  falencia de personal en los jueces y si se produce ese estado temporal es porque  los propios jueces se desacreditan con ilícitas sentencias y determinaciones, molicie en la diligente atención a los ciudadanos que sufren y son destituidos, tomando la posta otros jueces diletantes o inexpertos que continúan con las endémicas mañas que sus propios subalternos les transmiten, entonces  es como el mito de Sísifo: inacabable y seguirá campeando la corrupción.

Otro ámbito de  implementación inmediata y de real trascendencia futura es la  reactivación de la carrera judicial para acometer una reforma que complazca a la población, con un plan de estudios  exigente y renovado y quienes deben enseñar  en este recinto  son los profesionales en Derecho con solvente y probada experiencia de mínimo 10 o más años de cátedra, llamados  a esos puestos por convocatoria pública, así la población sabrá  quienes asumirán  la enseñanza de la nueva generación de jueces.